La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pospuso la resolución de la impugnación del gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, “El Bronco”, para impedir que el Congreso local lo sancione por anomalías detectadas en la recolección de firmas para su campaña presidencial.
A petición del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá el proyecto, en el que proponía invalidar el proceso iniciado por el Poder Legislativo estatal contra Rodríguez Calderón, quedó en lista para discutirse, previsiblemente, el miércoles 22 de julio.
Una vez que los cinco integrantes de la Primera Sala del máximo tribunal del país analicen la controversia constitucional promovida por el Poder Ejecutivo de Nuevo León, resolverán en definitiva sobre la aprobación de las reglas para sancionar a “El Bronco” ante el supuesto desvío de recursos públicos para la obtención de firmas.
Y es que la mañana de este miércoles el senador por Nuevo León, Samuel García envió una serie de alegatos a los ministros de la SCJN en los que se pide revisar a plenitud el proyecto de González Alcántara Carrancá y remitirse a precedentes de la propia Corte al momento de votar para evitar contradicciones.
El gobernador de Nuevo León requiere de al menos tres votos de los cinco integrantes de la Sala para echar abajo el procedimiento de los legisladores estatales en el que se definieron las reglas procesales para sancionarlo.
En un inicio la controversia promovida por “El Bronco” estuvo en manos de Eduardo Medina Mora quien, horas antes de presentar su renuncia como ministro de la Suprema Corte, suspendió los intentos del Congreso local para ejecutar cualquier medida provisional o sanción derivada de dicho procedimiento.
Tras la salida de Medina Mora del máximo tribunal el 3 de octubre pasado, en medio de supuestas investigaciones por lavado de dinero que nunca prosperaron, la controversia constitucional fue turnada a González Alcántara Carranca y enviada a la Primera Sala.
El procedimiento impugnado por el mandatario estatal determinó la sanción directa y descartó el juicio político para sancionar a Rodríguez Calderón y González Flores, bajo el argumento de que se trata de un caso ya juzgado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
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