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Recuerdan Nochixtlán con bloqueos en Oaxaca

Por Víctor Castillo, Corresponsal y JOSÉ LUNA

Fue desquiciada la ciudad nuevamente ayer con una serie de bloqueos por parte de los integrantes de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación CNTE, cerrando en su totalidad los cruceros de entrada y salida de la ciudad.

La movilización inicio a partir de las 9 de la mañana de ayer cuando los maestros bloquearon el tránsito en los cruceros de Huayapam y Viguera. En ambos cruceros retuvieron camiones de empresas privadas para bloquear el tránsito.

A las 10:30 de la mañana, el magisterio disidente liberó los camiones del crucero de Viguera, e inició una marcha rumbo al crucero de Hacienda Blanca.

De acuerdo a declaraciones de los mentores el motivo de su movilización fue por el primer aniversario de los hechos violentos ocurridos en Asunción Nochixtlán el pasado 19 de junio de 2016, en los que murieron ocho personas y hubo más de 100 lesionadas.

En el primer día de los tres en que anunciaron movilizaciones, la CNTE también bloqueó la carretera Transístmica a la altura de Matías Romero, permitiendo el paso solo a vehículos pequeños por vías alternas.

Aseguraron que su jornada de bloqueos durará tres días, hasta el lunes 19 de junio, día en que suspenderán clases. Otro bloqueo fue en la carretera La Ventosa – Tapanatepec, a la altura del municipio de Santo domingo Zanatepec, en el Istmo. De igual manera, integrantes de la CNTE bloquearon la entrada a plazas comerciales en Pinotepa Nacional, en la región Costa.

A un año de la tragedia de Nochixtlán, Oaxaca, donde se registró un saldo de tres muertos y 45 lesionados a causa del operativo de la Policía Federal para retirar manifestantes de la CNTE y simpatizantes que en se enfrentaron con los elementos de seguridad con piedras, palos y cohetones, instituciones de derechos humanos llamaron al diálogo, a una investigación exhaustiva y a proveer garantías de no repetición de actos semejantes.

Exhortan a las autoridades de procuración de justicia de los tres niveles de gobierno a cimentar y concretar su actuación, ante la ausencia de resultados de las investigaciones realizadas.

De manera particular, resaltaron que los hechos deben ser abordados de forma efectiva e interpretados en el contexto histórico y social del estado de Oaxaca, donde el rezago en el goce igualitario de los derechos humanos, en particular los derechos económicos, sociales y culturales, históricamente ha generado un clamor de justicia social que no ha sido debidamente atendido.

Lo anterior, luego de que personal de la CNDH, de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), realizaron este fin de semana un recorrido conjunto por Hacienda Blanca, Huitzo y Nochixtlán.

En ese lugar hace un año se desarrollaron una serie de hechos violentos que ocasionaron personas muertas y heridas, así como daño psicológico a docenas de niños y niñas, los representantes de las instituciones de derechos humanos reiteraron su condena de estos hechos.

Coincidieron en que es cierto que los operadores de procuración de justicia han tenido dificultades de acceso al lugar de los hechos por la falta de confianza expresada por la población en las autoridades encargadas de la investigación.

Sin embargo, no obstante lo anterior, señalaron que la investigación debería poder identificar las fallas que ocasionaron tal grado de violencia, las órdenes emitidas en este sentido y las personas presuntamente responsables.

“Como medidas de no repetición, las fallas detectadas deberían ser reflejadas en una mejora de los protocolos de las fuerzas de orden público, tanto estatales como federales”, puntualizaron en un comunicado conjunto.

Reafirmaron su disposición para asistir técnicamente al estado de Oaxaca y a la federación en el avance de la resolución de este caso y reiteran su apoyo y solidaridad a las víctimas y sus familiares.

Hicieron un recordatorio esencial del respeto del derecho a la vida e integridad física y planificarse e implementarse con estricto apego a los principios básicos sobre el uso de la fuerza y de armas de fuego, incluyendo los principios de necesidad y proporcionalidad.

Establecieron que cualquier uso de fuerza por parte de las autoridades que cause heridos o muertos debe ser investigado de manera exhaustiva, diligente e imparcial para deslindar las responsabilidades administrativas y penales a que hubiera lugar, incluyendo la responsabilidad de los mandos superiores que participaron directamente en los hechos.

Asimismo, resaltaron que las causas estructurales que propician situaciones que pueden tornarse violentas deben ser abordadas de forma efectiva. Además de que las instituciones suscritas exhortaron a las autoridades federales y estatales a retomar los esfuerzos de diálogo con las víctimas hasta lograr el pleno acceso de éstas a la salud, a la reparación integral del daño y a la justicia.

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