Los eventuales candidatos en Morena para competir por las nueve gubernaturas que estarán en disputa el próximo año todavía no pueden verse seguros en la boleta pues, como ya sucedió en el pasado con las postulaciones del guerrerense Félix Salgado Macedonio y el michoacano Raúl Morón, el Instituto Nacional Electoral todavía podría hacer algunos cambios que moverían el tablero. El órgano que preside Guadalupe Taddei tiene que revisar todavía la distribución que hizo el partido de Mario Delgado de los espacios, pues no todos en el Consejo General quedaron convencidos de que se haya cumplido efectivamente con el acuerdo de paridad.
Específicamente, causaron rareza los nombramientos en Guanajuato, donde se designó a la diputada Alma Alcaraz, y Jalisco, entidad a la que se decidió enviar a la legisladora Claudia Delgadillo, pues los lineamientos del INE a la letra decían que las mujeres tendrían que ser postuladas en estados donde el partido fuera competitivo.
Todas las mediciones, públicas y privadas, colocan a otras fuerzas políticas muy por encima del morenismo en ambas plazas. En la primera el PAN y su alianza opositora se colocan con ventaja respecto de la llamada cuarta transformación. En la segunda, el Movimiento Ciudadano y su candidato Pablo Lemus se apuntan como los favoritos entre el electorado. En ambas plazas, aunque con muchas dificultades de ganar la contienda, había hombres que resultaban más competitivos para Regeneración Nacional y garantizaban un mayor índice de votación, Ricardo Sheffield para el primer estado y Carlos Lomelí para la entidad jalisciense; aún así, habrían quedado fuera del tablero para permitir el nombramiento de candidatos hombres en otros estados en los que la 4T sí es competitiva.
En específico, se trata de Tabasco en donde nombraron a Javier May; Puebla en el que Alejandro Armenta será el candidato, y Chiapas, al que contra todo pronóstico se decidió enviar a Eduardo Ramírez a la contienda. Ese es el escenario que la autoridad electoral todavía debe revisar y, después, decidir si se mantendrá como el Movimiento Regeneración Nacional lo definió la semana pasada o si ese partido tendrá que hacer algunos cambios para garantizar que las mujeres sigan accediendo a encargos públicos de primer nivel.
EN LA MIRA
Es ampliamente reconocido que la relación entre la 4T y el sector empresarial dista mucho de ser amigable, a pesar de los esfuerzos de líderes empresariales como Paco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, al presentar un discurso de colaboración y fraternidad.
En este contexto, los empresarios mexicanos de origen judío se encuentran entre los más escrutados y documentados, siendo también uno de los grupos menos favorecidos por la actual administración.
Según información filtrada a diversos medios de comunicación, la Unidad de Inteligencia Financiera, bajo la dirección de Pablo Gómez, y la Fiscalía General de la República, encabezada por Alejandro Gertz Manero, estarían investigando a varios empresarios de este grupo. Entre ellos se encuentran la familia El-Mann Arazi, liderada por Max El-Mann, quienes desembolsaron dos mil millones de pesos al gobierno federal alegando no tener relación con el sonado fraude al Infonavit durante la gestión de Alejandro Murat.
Otro caso bajo investigación involucra a la familia Zaga Tawil, de Telra Realty, quienes podrían haber sido afectados por los El-Mann o ser supuestos responsables en el caso Infonavit.
La familia Kabbaz, perteneciente al Grupo Danhos y vinculada a diversos escándalos inmobiliarios en la Ciudad de México, también figura en la lista de empresarios investigados.
Jack Landsmanas, conocido por cambiar su apellido, de Corporativo Kosmos, se destaca como otro empresario bajo escrutinio. Ya le contaremos.
