De los más de dos mil elementos adscritos a la Comisión Estatal de Seguridad (CES), solo el 7 % (140) no ha aprobado los exámenes de control y confianza, por lo que no tienen permiso de portación de armas de fuego, aseguró el comisionado Hervé Hurtado Ruiz.
Aseveró que las cifras son dinámicas, pues pierden vigencia, pero según el último corte en la primera quincena de abril, el 50 % de los oficiales estaba aprobado, un 6 % está en espera de los resultados, el 12 % en proceso de exámenes, el 25 % de solicitudes aún estaba en el C3 por lo que, del 100 % de la plantilla, solo el 7 % no logró aprobar los exámenes.
“Ese porcentaje de policías no aprobados entró en un programa de depuración policial, en el que participará el Consejo de Honor Policial, pues es algo a lo que le hemos apostado y ha ido sesionando para cumplir con la depuración”, estableció.
Recordó que de 2011 a 2018 han avanzado en la evolución de la actividad de asuntos internos, para castigar las malas prácticas policiales, pero a la fecha han sido enfáticos en el correcto actuar de los uniformados, de ahí que aquellos que no aprobaron los exámenes no tienen permiso de portación de arsenal.
Por otro lado, lamentó que en la CES existe una estructura burocrática administrativa, lo cual no les permite avanzar en términos de operatividad, así que está realizando una restructuración del modelo policial, que evite que los elementos se conviertan en vigilantes de oficinas de gobierno.
Precisó que en el registro policial hay más de dos mil elementos, pero un porcentaje importante se encuentra como administrativo y vigilante de oficinas, escuelas e incluso de la iniciativa privada, por lo que admitió que es necesario que el sector empresarial invierta en su propia seguridad.
Por último, aceptó que la delincuencia se encuentra en edad cada vez más joven, rubro al que le llevan ventaja a los elementos de la CES, por lo que también habrán de invertir en contrataciones de uniformados jóvenes y con nuevos perfiles.
El examen
- De control de confianza se compone de cinco evaluaciones, las cuales contribuyen a verificar que el personal activo actúe dentro del marco de conducta que dicta la normatividad institucional, así como el personal de nuevo ingreso se apegue a los principios institucionales de acuerdo al perfil de puesto
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