Han pasado cerca de 11 años desde que los trabajos de construcción de la Central de Abastos de Tlaxcala fueron suspendidos. A la fecha, la obra prácticamente permanece igual, pero el tiempo y sus inclemencias han deteriorado el avance del 20 % de la construcción que se ejecutaba sobre la carretera Calpulalpan-Ocotoxco, a la altura del municipio de Xaltocan.
Así, paredes inconclusas, castillos no terminados, bardas derribadas, maleza por todo el predio y material de construcción depreciado, en su mayoría tabiques y ladrillos rotos es parte del panorama de esa obra que, según comerciantes, auguraba ser un importante proyecto para beneficio de la economía del estado.
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LA OBRA
La construcción de la central inició en 2010 (durante la administración de Héctor Ortiz Ortiz), cuando las empresas celebraron un convenio con el Ejecutivo local para la construcción, comercialización y operación de la Central de Abastos de Tlaxcala, edificado en el municipio de Xaltocan.
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En ese momento, quedó establecido que en caso de que la construcción fuera suspendida o cancelada de manera definitiva el gobierno estatal pagaría una indemnización de 320 mdp, y una de 100 mil pesos por día durante el tiempo que durará la suspensión en caso de un cierre temporal.
Sin embargo, el 11 de febrero la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda del estado (durante el mandato del exgobernador Mariano González Zarur) tras hacer una visita de inspección para verificar el cumplimiento de la Ley de Ordenamiento Territorial para el Estado, ordenó la suspensión de la obra.
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El argumento fue que la obra carecía de Dictamen de Congruencia vigente, Dictamen de Impacto Urbano, de Resolutivo de Manifiesto Ambiental, de Licencia de Uso de Suelo, de título que acredite la propiedad, licencia de construcción, programa parcial de desarrollo urbano y alineamiento expedido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
En 2012, las empresas encargadas de la ejecución de la obra demandaron al gobierno estatal (por la vía ordinaria civil), y en 2019 fue dictada la sentencia definitiva que condenaba a la administración estatal a pagar aproximadamente 680 mdp, con sus respectivos intereses e IVA.
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