La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) obligó a David Cabrera Canales y Francisco José Morones Servín, comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala (Iaip-Tlax), a abstenerse de cometer cualquier práctica para obstaculizar el desempeñó de Marlene Alonso Meneses como presidenta de ese órgano autónomo y del funcionamiento del mismo.
Mediante el oficio PVG/340/2018, la Primera Visitaduría General de la CEDH dictó tres medidas cautelares a los comisionados que, se presume, han ejercido violencia de género en contra de Alonso Meneses y en el cual se especifica que, en caso de no acatarlas, se fincarán responsabilidades.
Dichas medidas serán adoptadas por David Cabrera y Francisco Morones mientras que la CEDH lleva a cabo la investigación de violaciones a la igualdad y al trato digno por discriminación, violencia contra la mujer, violencia laboral, política, psicológica, política y hasta institucional que en su expediente de queja acusó la presidenta del órgano autónomo.
“Se ordena a los comisionados abstenerse de realizar cualquier acción o práctica que tienda a obstaculizar el desempeño de Marlene Alonso como comisionada presidenta del instituto”, dice una de las medidas cautelares.
La otra les ordena abstenerse de realizar cualquier conducta que atente contra el debido funcionamiento del Iaip-Tlax, a efecto de garantizar el ambiente laboral y el servicio a terceros para respetar sus derechos humanos en materia de protección de datos personales y acceso a la información pública.
Una más les solicita evitar cualquier acción o práctica de discriminación y violencia en contra de Alonso Meneses, que atente a su persona, su entorno social y a su investidura como comisionada presidente de ese órgano, “conminándolos a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro su integridad física y la de sus familiares”.
En el oficio, el visitador general de la CEDH, Salomón Amador González, les otorga un plazo de tres días naturales (contados a partir del siguiente al que fueron notificados), para informar si dichas medidas han sido adoptadas y a la vez anexar el soporte documental que lo acredite.
“En caso de no ser adoptadas, esta Visitaduría General hará notar tal hecho en la recomendación de ser procedente que se emita, a efecto de que se finquen formalmente las responsabilidades correspondientes”, dice el oficio.
La solicitud de adopción de medidas cautelares es el resultado de la queja que la presidenta del Iaip-Tlax-Tlax promovió en contra de sus homólogos por acciones discriminatorias, violencia de género e institucional, de acceso igualitario a las acciones públicas y participación en asuntos públicos del estado, incluyendo la toma de decisiones y el principio de legalidad.
Dicha queja, que sigue en proceso de investigación, incluye ofensas verbales hechas a través de medios de comunicación y redes sociales, así como expresiones “misóginas” publicadas en la página oficial de Facebook del instituto.
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