Autoridades de Teolocholco denunciaron que el alcalde, Rodrigo Cuahutle Salazar, permitió el embargo de un predio municipal y después “premió” al demandante con un contrato en Tesorería, lo cual evidencia abuso de poder, conflicto de intereses y tráfico de influencias.
Los regidores Adolfo Juárez Texis, Teresa Flores Pérez y Ulises Hernández Ruiz, así como la síndico Amada Espinoza Flores, acusaron que el alcalde permitió el embargo del predio denominado Copalantla, cuya extensión es de cuatro hectáreas.
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Refirieron que el espacio fue donado por la Asociación Civil Barrio de Contla, pero el alcalde emanado del partido Movimiento Regeneración Nacional no lo defendió por acuerdos políticos y los tribunales fallaron a favor del contador general de tesorería.
A pesar de que el demandante labora en el municipio y cobra un salario, no ha desistido, ni tiene la intención de desistir de la demanda, cuya cifra alcanza los cuatro millones de pesos y sigue creciendo, dijeron.
El predio, refirieron, cuenta con un cuerpo de agua y dos canchas de futbol soccer, las cuales son utilizadas por deportistas del municipio y por personas que acuden al sitio a pasar momentos de sano esparcimiento, pero el funcionario municipal quiere adueñarse de las tierras por “las malas”.
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Lamentaron la actitud que ha asumido el funcionario, pues afirman que, lejos de procurar el bien común o cuidar los intereses del municipio que le está dando de comer, solo se ha dedicado a “exprimir” las arcas municipales.
Exigieron que se desista de la demanda o renuncie a su trabajo, pues hay un evidente conflicto de intereses, con anuencia del alcalde, quien lo colocó en ese puesto estratégico como un presunto pago político.
Agregaron que Cuahutle Salazar ha actuado de la misma forma, pues entregó un predio a la Guardia Nacional para que construya un destacamento, pero con la intención de beneficiar a su bodega, que se sitúa cerca de la zona.
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Puntualizaron que el presidente dotó a la zona de drenaje, agua potable y alumbrado público, so pretexto de que será para beneficio de las fuerzas castrenses, pero es para configurar una fábrica.
Los quejosos solicitarán al Congreso local y al Órgano de Fiscalización Superior que revise las fianzas del municipio.
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