El presidente de comunidad de San Diego Xocoyucan, Ixtacuixtla, Luis Manuel Arrioja Angoa, notificó al Congreso local el traslado de oficina a su domicilio.
A través de un escrito, el edil recordó que la presidencia fue cerrada con cadenas por parte de un grupo de vecinos inconforme con su administración, lo cual ha obstaculizado el acceso y atención a la ciudadanía. “Seguiré brindando el servicio de expedición de documentos oficiales a beneficio de la población en general en el domicilio: calle 5 de Mayo, número cinco, de la comunidad referida, pues desde el pasado diez de septiembre fue tomada la presidencia y continúa cerrada con cadenas”, puntualizó.
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Señaló como responsables a Nancy Durán Hernández, Alejandro Castillo Ramírez, Miguel Ramírez Hernández, Francisco Javier Rodríguez Valenzuela, José Calixto García Lázaro, Rosa Martínez Díaz, Félix Ramírez Alonso, María Paz Aguilar Lázaro, Carlos Monzón Pérez, Jaime Arriaga Romero, Alfredo Sánchez Hernández, Alfredo Sánchez Solís, María Pilar Alonso Ramírez, Concepción Martínez Díaz y María Elena Luisa Ayala Fuentes.
Detalló que el problema derivó de una convocatoria efectuada aquel domingo, a las 10:00 horas, por parte del ayuntamiento Ixtacuixtla y la presidencia de Xocoyucan para conformar el comité comunitario.
Precisó que fueron dos planillas las registradas, cuyo resultado fue a favor de la planilla uno (personas afines al presidente de comunidad) con un total de 91 votos, mientras la planilla dos (ciudadanos afines al grupo que cerró la presidencia) obtuvo apenas 48 votos.
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El resultado no a favor del grupo inconforme derivó el cierre de la presidencia, por ello pido de manera urgente atender la situación y prevenir algún acto de violencia o confrontación, señaló.
De hecho, aseveró que la ciudadanía -en su mayoría- no aprueba el comportamiento e ideología política de aquellas personas, pues provocan desestabilidad social y obstaculizan su trabajo.
Este Diario informó que los ciudadanos tomaron la presidencia por la falta de transparencia y rendición de cuentas del edil, su presunto abuso de autoridad y por conducirse omiso en la atención de problemas de la localidad. Acusaron al presidente de vender la plaza de la feria en la fiesta patronal por 160 mil pesos y no apoyar económicamente las festividades del santo patrón.
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También lo señalaron de cobrar 15 mil pesos por inhumación a personas foráneas y 500 pesos a difuntos de la comunidad.
Mientras para la conexión a drenaje supuestamente exige dos mil 500 pesos, entre otros cobros, mientras que las constancias de radicación, posesión y recomendación las cobra en 300 pesos.
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