La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) ordenó al alcalde de Españita, Jesús González Guarneros que inicie el procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de los policías que observaron y no intervinieron para evitar la golpiza hacia Carolina N., exempleada de la administración municipal y su madre.
El pasado 13 de octubre, ambas, fueron golpeadas en su domicilio por varias mujeres, familiares de Óscar Ávila Portillo, regidor de Educación en Españita, quien acosaba sexualmente a la empleada, pero no cedió ante sus pretensiones y lo denunció penalmente.
Esa acción generó el cólera de los familiares del representante popular y acudieron hasta la vivienda, para golpearlas severamente, amedrentarlas y exigir el retiro de la denuncia penal.
De acuerdo a las investigaciones que la realizó la CEDH, todas esas acciones fueron observadas por la policía municipal, pero fueron omisos en su intervención y auxiliar a las víctimas.
De ahí, emitió la recomendación 3/2019 y quedó asentada en el expediente de queja CEDHT/TVG/12/2018, el cual señala que “las evidencias y con base en estas se logró determinar que las afectadas fueron objeto de violación al derecho a la seguridad jurídica en la modalidad de acciones y omisiones que transgreden los derechos de las víctimas”.
De ahí, el órgano garante obligó a González Guarneros que inicie el procedimiento de responsabilidad administrativa y lo instruyó para que realice las gestiones para reparar el daño físico y moral de las víctimas.
“Es necesario que se establezcan las medidas para prevenir la omisión de las obligaciones de los elementos de la policía municipal y se cumplan a cabalidad los órdenes que reciban con motivo del desempeño de sus funciones”, detalla la recomendación.
Por otro lado, el regidor, cuyo mote es “el golpeador”, sigue operando en el municipio, ya que su plazo de cierre de investigación feneció el pasado 20 de mayo y el presidente municipal permitió su ingreso, mientras que el resto de miembros del Cabildo se vieron obligados a avalar dicha medida.
- De acuerdo con la Procuraduría General de Justicia del Estado el asunto jurídico del regidor continúa, de hecho, tiene una medida cautelar de firma periódica y no acercarse a la víctima.
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