/ jueves 21 de marzo de 2019

Prohibir uso de plástico no evitará contaminación

Popotes y bolsas de plástico no llegan solos al mar pues son entes inertes, afirman

Después de que el pasado miércoles los diputados locales aprobaran prohibir, paulatinamente, el uso de bolsas de plástico, popotes y unicel en Tlaxcala, comerciantes de estos productos criticaron la medida de los congresistas pues aseguran que atenta contra la población trabajadora que subsiste de la venta de estos derivados.

Al respecto, José Eugenio Merchant Zamora y Edith Hernández Hernández, propietarios de un negocio de este giro, afirmaron que estas leyes contravienen a la economía de muchas familias que, gracias al comercio de estos bienes, cuentan con ingresos para sacar a delante a su familia y han creado micros, pequeñas, medianas y grandes empresas.

Esto engloba al vendedor de atole y jugos en las calles hasta los grandes fabricantes y distribuidores que dan empleo a miles de trabajadores y que contribuyen, en poca o gran medida, a la economía del estado,

indicaron.

En entrevista, cuestionaron a los legisladores sobre si ellos han generado algún empleo a lo largo de su vida sin

meter el dinero público que manejan pues, al final de cuentas, es dinero de los contribuyentes.

Asimismo, reprocharon la nula atención que pusieron para que la cadena productiva sea más eficiente, segura y que redunde en el bienestar de la gente.

Además, aseguraron que estos materiales, al ser inertes, no pueden llegar solos al mar, por lo que quienes los comercian no tienen la culpa de que los usuarios no reciclen.

Aquí les preguntamos qué leyes o medidas han implementado para controlar, procesar y reciclar estos desechos y que esta actividad represente un negocio,

argumentaron.

Por ello, enfatizaron que la basura es una industria que el gobierno ha dejado de lado pues no instruye a la población o legisla de manera justa, además de que no exhorta a los alcaldes a tener un sistema de recolección adecuado, ya que de nada serviría que las personas separen los desechos si al final los mezclan.

Finalmente, hicieron un llamado al Tribunal Superior de Justicia y a la comisión Estatal de Derechos Humanos, pues esta medida atenta contra las garantías de la población económicamente activa que, además, debe lidiar con la delincuencia de toda índole.

LA ACUSACIÓN

  • Creación de leyes contra Petróleos Mexicanos, pues la paraestatal vende la resina que es base para fabricar los plásticos y sus derivados.

Lo que están haciendo es matar al enfermo en vez de sanarlo para que siga trabajando y generando recursos.

Edith Hernández

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Al respecto, José Eugenio Merchant Zamora y Edith Hernández Hernández, propietarios de un negocio de este giro, afirmaron que estas leyes contravienen a la economía de muchas familias que, gracias al comercio de estos bienes, cuentan con ingresos para sacar a delante a su familia y han creado micros, pequeñas, medianas y grandes empresas.

Esto engloba al vendedor de atole y jugos en las calles hasta los grandes fabricantes y distribuidores que dan empleo a miles de trabajadores y que contribuyen, en poca o gran medida, a la economía del estado,

indicaron.

En entrevista, cuestionaron a los legisladores sobre si ellos han generado algún empleo a lo largo de su vida sin

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Asimismo, reprocharon la nula atención que pusieron para que la cadena productiva sea más eficiente, segura y que redunde en el bienestar de la gente.

Además, aseguraron que estos materiales, al ser inertes, no pueden llegar solos al mar, por lo que quienes los comercian no tienen la culpa de que los usuarios no reciclen.

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argumentaron.

Por ello, enfatizaron que la basura es una industria que el gobierno ha dejado de lado pues no instruye a la población o legisla de manera justa, además de que no exhorta a los alcaldes a tener un sistema de recolección adecuado, ya que de nada serviría que las personas separen los desechos si al final los mezclan.

Finalmente, hicieron un llamado al Tribunal Superior de Justicia y a la comisión Estatal de Derechos Humanos, pues esta medida atenta contra las garantías de la población económicamente activa que, además, debe lidiar con la delincuencia de toda índole.

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