El Sistema Estatal Anticorrupción y un grupo de abogados tlaxcaltecas acordaron trabajar de manera conjunta para combatir las malas prácticas que se ejercen en las esferas gubernamentales, específicamente en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Al hacer un llamado para que la autonomía de poderes sea una realidad en Tlaxcala, los juristas coincidieron en que sus inconformidades no tendrían sentido si los servidores públicos cumplieran con la ley, pero no es así.
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Asimismo, se pronunciaron porque los diputados cumplan con su función y legislen en las reformas que le hacen falta a la Constitución Política del Estado y sus respectivas leyes secundarias que hacen mucha falta.
Como ejemplo, citaron el caso de la Procuraduría General de Justicia del Estado, dependencia que desde hace varios años no ha sido elevada al rango de fiscalía y eso “es vergonzoso porque Tlaxcala es de los últimos dos estados en contar con esa figura”.
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“Que los diputados locales recobren su soberanía y se pongan a legislar, que no sean súbditos del Poder Ejecutivo en turno”, expresó Jerónimo Popocatl Popocatl, integrante de la organización denominada “Ateneo Jurídico José Miguel Guridi y Alcocer A.C.”.
Las propuestas también tienen que ver con una reforma al Poder Judicial para que el “Consejo de la Caricatura (Judicatura)” no esté sobrerrepresentado y abra espacios a litigantes y académicos.
Jerónimo Popocatl expresó que pese a las evidentes irregularidades en el Poder Judicial, hay abogados que no dicen nada y “por eso un consejero que se siente consentido de quien lo propuso hace y deshace al interior, hay acoso sexual y laboral, y tráfico de influencias”, en alusión al abogado Rey David González González, representante del Ejecutivo ante el Consejo de la Judicatura, señalado por favorecer a su Despacho Jurídico para brindar asesorías al Tribunal Superior de Justicia del Estado.
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Los abogados sumaron a las inconformidades el reciente caso de la destitución y posterior restitución en el cargo de Dora María García Espejel como integrante del Consejo de la Judicatura, lo que evidenció “una ridiculez porque quienes deben administrar justicia violaron la ley, acto por el que los magistrados serían sujetos de juicio político y denuncias penales”.
Por su parte, Rumel Hernández Avendaño, titular del Sistema Estatal Anticorrupción, declaró que Tlaxcala necesita a personas proactivas como los abogados integrantes del “Ateneo Jurídico” para combatir sin temor las malas prácticas de los funcionarios.
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