/ jueves 22 de noviembre de 2018

Senadora Hernández Ramos plantea requisitos de idoneidad a "súper delegados"

Presenta reserva al Artículo 17 Ter de la LOAPF para evitar que los cargos tengan fines electorales

La senadora Minerva Hernández Ramos, del GPPAN, presentó una reserva al Artículo17 Ter de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) para de establecer diversos requisitos de idoneidad a quienes asuman como titulares de las nuevas Unidades Administrativas y, en consecuencia, evitar que los cargos se utilicen con fines electorales.


La legisladora por el estado de Tlaxcala planteó que estos “súper delegados” no pertenezcan a ningún partido político; no hayan sido candidatos para ocupar un cargo público o de elección popular y que, en el año previo, no hayan sido senadores, diputados federales o locales o presidentes municipales.


La propuesta añade que estos funcionarios deberán contar con estudios académicos afines a sus atribuciones; hayan desempeñado cargos de alto nivel decisorio; cuenten con conocimiento y experiencia en materia administrativa, y que no estén inhabilitados para desempeñarse en el servicio público.


La también integrante de la Comisión de Administración destacó que el tema más relevante y preocupante de la modificación a la LOAPF es “la creación de las nuevas Unidades Administrativas que, en la opinión pública se conocen como súper delegados, ponen en riesgo el pacto federal.


Al concentrar en una sola persona el poder político y presupuestal, implicará que maneje prácticamente todos los programas federales en cada entidad federativa y se podría observar discrecionalidad en el gasto”.


Hernández Ramos expresó que México no quiere regresar al centralismo, al autoritarismo y al protagonismo de una Alteza Serenísima, ya sea que se apellide López de Santa Anna o López Obrador.


La integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público apuntó que la reforma no ataca el problema de fondo, la opacidad y la discrecionalidad en el ejercicio del gasto público de alrededor de 80 por ciento de los seis mil 500 programas presupuestales, no tienen reglas claras de operación o un padrón definido de beneficiarios.


Finalmente, expresó que con la modificación se aseguraría que los perfiles que lleguen a ser “super delegados” no vean ese cargo como antesala de la gubernatura o, peor aún, como intermediario entre el Gobierno Federal y el de las entidades federativas al que deben estar sujetos los poderes de los estados”.

La senadora Minerva Hernández Ramos, del GPPAN, presentó una reserva al Artículo17 Ter de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) para de establecer diversos requisitos de idoneidad a quienes asuman como titulares de las nuevas Unidades Administrativas y, en consecuencia, evitar que los cargos se utilicen con fines electorales.


La legisladora por el estado de Tlaxcala planteó que estos “súper delegados” no pertenezcan a ningún partido político; no hayan sido candidatos para ocupar un cargo público o de elección popular y que, en el año previo, no hayan sido senadores, diputados federales o locales o presidentes municipales.


La propuesta añade que estos funcionarios deberán contar con estudios académicos afines a sus atribuciones; hayan desempeñado cargos de alto nivel decisorio; cuenten con conocimiento y experiencia en materia administrativa, y que no estén inhabilitados para desempeñarse en el servicio público.


La también integrante de la Comisión de Administración destacó que el tema más relevante y preocupante de la modificación a la LOAPF es “la creación de las nuevas Unidades Administrativas que, en la opinión pública se conocen como súper delegados, ponen en riesgo el pacto federal.


Al concentrar en una sola persona el poder político y presupuestal, implicará que maneje prácticamente todos los programas federales en cada entidad federativa y se podría observar discrecionalidad en el gasto”.


Hernández Ramos expresó que México no quiere regresar al centralismo, al autoritarismo y al protagonismo de una Alteza Serenísima, ya sea que se apellide López de Santa Anna o López Obrador.


La integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público apuntó que la reforma no ataca el problema de fondo, la opacidad y la discrecionalidad en el ejercicio del gasto público de alrededor de 80 por ciento de los seis mil 500 programas presupuestales, no tienen reglas claras de operación o un padrón definido de beneficiarios.


Finalmente, expresó que con la modificación se aseguraría que los perfiles que lleguen a ser “super delegados” no vean ese cargo como antesala de la gubernatura o, peor aún, como intermediario entre el Gobierno Federal y el de las entidades federativas al que deben estar sujetos los poderes de los estados”.

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