Después de dos horas de audiencia y de que la defensa de los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala (Iaip-Tlax), y el agente del Ministerio Público esgrimieran sus argumentos para buscar vincularlos o no a proceso por los presuntos delitos de coalición de servidores, uso indebido del servicio público e interrupción del servicio público en agravio de Marlene Alonso Meneses, la juez de control y juicio oral decidió vincularlos a proceso.

Lo anterior después de que refirió que existen indicios “razonables” y elementos suficientes de que los comisionados presuntamente son los autores materiales de los agravios antes señalados en contra de Alonso Meneses.

Dentro de lo que fue la continuación de la primera audiencia y con un retraso de 45 minutos de la hora señalada, la encargada de impartir justicia mencionó que el relevo en el cargo que realizaron el pasado 16 de febrero en sesión ordinaria los comisionados, fue sin rendir protesta ante el Congreso del Estado, y tampoco se le notificó a los Poderes, pero que sí el imputado se había atribuido funciones encomendadas solo al presidente del organismo.

Por otro lado, indicó que las funciones administrativas fueron impedidas al momento en que decidieron reemplazar las chapas y colocar sellos de clausura en algunas de las áreas del instituto.

Asimismo, añadió que la presunción del delito de coalición de servidores públicos sucedió cuando uno de los integrantes del consejo general propuso reemplazar del cargo a Alonso Meneses e, incluso, le fue tomada la protesta al cargo por el otro imputado.

En su momento, la defensa argumentó de manera legal el actuar de los comisionados, pues se apegaba a derecho dentro de lo que el reglamento interno del Instituto marca, pues les da la autonomía de designar de manera interna su gobierno y sin tener que rendirle cuentas al Legislativo.

Además, señaló que el decreto emitido por este Poder ya había cumplido su cometido de nombrar por única ocasión y por un periodo no mayor a tres años al presidente, por lo que después de eso solo era virtud del colegiado designar a la o el presidente, tomando en cuenta su actuar.

Incluso, enfatizaron que el relevo solo se hacía del cargo de presidenta, más no de su condición de comisionada, por el cual fue electa por siete años por el Congreso.

Por su parte, el Ministerio Público basó sus argumentos en el Decreto 299 emitido por el Legislativo, en el cual se le designó a la agraviada como presidenta del Iaip-Tlax por un lapso de tres años y que, a su parecer, no fue respetado.

Si bien lo detallado por la jueza no asegura que exista un delito, la vinculación a proceso será para que el representante social continúe con la investigación en un plazo de dos meses, y que con esto se llegue a juicio final o se sobresea el caso.

Una vez concluida la audiencia, los imputados advirtieron que apelarán la resolución en el término de ley, pues alegaron la autonomía no se tomó en cuenta en ningún momento, pues la decisión no fue de dos, sino de la mayoría del pleno.

“Es muy ilógico lo que se planteó, la autonomía no se puso donde corresponde y parece que dependemos del Congreso y no es así, se nos toma protesta como comisionados y en el primer párrafo establece la temporalidad y no dice que ella se le tome la protesta como presidenta, pero lo asume como tal, sin embargo, el modificarla es decisión de la mayoría del pleno, como lo dice el artículo 35”, sentenciaron.

EL DATO

Al momento de la vinculación a proceso no les fue dictado algún tipo de medida cautelar a los imputados.

AUSENCIA

Aunque le fue notificado de la audiencia, la agraviada Marlene Alonso Meneses no acudió a presenciarla.