/ domingo 19 de agosto de 2018

Falla PGR en casos contra militares

De las 505 investigaciones que inició por delitos cometidos por soldados contra civiles, sólo 16 resultaron en sentencias condenatorias

Las reformas al código de justicia militar que facultan a las autoridades civiles para investigar a soldados implicados en delitos y violaciones a los derechos humanos contra civiles, no han tenido los resultados esperados, de acuerdo con el diagnóstico realizado por diferentes ONG, quienes apuntan que Procuraduría General de la República (PGR) ha fracasado en investigar a militares.

En cuatro años (2012-2016), de 505 investigaciones iniciadas por delitos y violaciones a derechos humanos cometidos por soldados contra civiles, solo 16 resultaron en sentencias condenatorias

Por lo que la PGR sólo tuvo éxito en 3.2 por ciento de las investigaciones iniciadas, refieren organizaciones de la sociedad civil.

Organizaciones como México Unido contra la Delincuencia, la Fundación para la Justicia y el Estado de Derecho, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), advierten que la inexistencia de un diagnóstico sobre los resultados y efectos que ha traído la intervención de las Fuerzas Armadas en operativos contra el crimen organizado, genera incertidumbre y desconfianza sobre las tareas que realizan los efectivos de las instituciones castrenses.

Wola advierte tres principales motivos por los que militares las investigaciones contra militares son deficientes: el inicio de investigaciones militares simultáneas o paralelas a las civiles, al dificultad para que los soldados declaren como acusados o testigos en el sistema de justicia civil y casos en que soldados han llegado a alterar escenas del crimen o a declarar falsamente.

El caso más emblemático es el de Tlatlaya donde la PGR acusó a siete militares y un oficial por la muerte de 22 civiles durante un enfrentamiento el 30 de junio de 2014, donde se presume que los militares ejecutaron a los delincuentes.

En el ámbito militar el Juzgado Sexto Militar dictó sentencia absolutoria a siete de los ocho militares, aunque en los tribunales de guerra el delito que se les imputó fue infracción de deberes, pero tampoco se encontraron evidencias en su contra. Sólo un soldado fue condenado por desobediencia a un año de prisión.

En el ámbito civil, siete militares fueron acusados por la PGR, pero todos fueron liberados por jueces federales quienes no encontraron evidencia de ejecución extrajudicial.

Otros casos donde soldados estuvieron implicados en delitos, es la desaparición del luchador social, Rosendo Radilla y los campesinos Teodoro Cabrera García y Rodolfo Montiel Flores, así como la violación de Valentina Rosendo e Inés Fernández, en donde los militares cumplían funciones de seguridad pública, vigilancia, contrainsurgencia y de combate a la delincuencia organizada, sin que en ninguno de los casos haya militares sentenciados.

Un informe publicado por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) señala que la Procuraduría General de la República (PGR) ha fracasado en investigar y perseguir casos de violaciones a derechos humanos cometidas por soldados contra civiles, a pesar de las reformas legales para que estos casos se investiguen en el sistema de justicia civil en vez del sistema militar.

Advierte que la gran mayoría de las investigaciones que han sido iniciadas son contra soldados de bajo rango y no contra sus superiores jerárquicos y que, a pesar de que hay evidencia de que oficiales militares de alto rango han emitido órdenes abusivas y violentas en contra de civiles, no han respondido por sus acciones.

“La supervisión civil de las fuerzas armadas es esencial en cualquier democracia, sin embargo, la PGR no ha responsabilizado a los militares por violaciones a derechos humanos. Esto es particularmente importante dada la dependencia del gobierno en los soldados para patrullar las calles y su insistencia en que mantengan un papel central en la lucha contra la delincuencia organizada”, sostiene Ximena Suárez-Enríquez, Coordinadora para México de WOLA y autora principal del informe.

El informe, titulado “Justicia olvidada: La impunidad de las violaciones a derechos humanos cometidas por soldados en México”, señala que aunque la PGR inició 505 investigaciones de abusos cometidos por militares entre el 2012 y el 2016, sólo hay registro de 16 sentencias condenatorias para esos casos, lo que significa que durante ese periodo la PGR sólo tuvo éxito en 3.2 por ciento de sus investigaciones.


Las reformas al código de justicia militar que facultan a las autoridades civiles para investigar a soldados implicados en delitos y violaciones a los derechos humanos contra civiles, no han tenido los resultados esperados, de acuerdo con el diagnóstico realizado por diferentes ONG, quienes apuntan que Procuraduría General de la República (PGR) ha fracasado en investigar a militares.

En cuatro años (2012-2016), de 505 investigaciones iniciadas por delitos y violaciones a derechos humanos cometidos por soldados contra civiles, solo 16 resultaron en sentencias condenatorias

Por lo que la PGR sólo tuvo éxito en 3.2 por ciento de las investigaciones iniciadas, refieren organizaciones de la sociedad civil.

Organizaciones como México Unido contra la Delincuencia, la Fundación para la Justicia y el Estado de Derecho, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), advierten que la inexistencia de un diagnóstico sobre los resultados y efectos que ha traído la intervención de las Fuerzas Armadas en operativos contra el crimen organizado, genera incertidumbre y desconfianza sobre las tareas que realizan los efectivos de las instituciones castrenses.

Wola advierte tres principales motivos por los que militares las investigaciones contra militares son deficientes: el inicio de investigaciones militares simultáneas o paralelas a las civiles, al dificultad para que los soldados declaren como acusados o testigos en el sistema de justicia civil y casos en que soldados han llegado a alterar escenas del crimen o a declarar falsamente.

El caso más emblemático es el de Tlatlaya donde la PGR acusó a siete militares y un oficial por la muerte de 22 civiles durante un enfrentamiento el 30 de junio de 2014, donde se presume que los militares ejecutaron a los delincuentes.

En el ámbito militar el Juzgado Sexto Militar dictó sentencia absolutoria a siete de los ocho militares, aunque en los tribunales de guerra el delito que se les imputó fue infracción de deberes, pero tampoco se encontraron evidencias en su contra. Sólo un soldado fue condenado por desobediencia a un año de prisión.

En el ámbito civil, siete militares fueron acusados por la PGR, pero todos fueron liberados por jueces federales quienes no encontraron evidencia de ejecución extrajudicial.

Otros casos donde soldados estuvieron implicados en delitos, es la desaparición del luchador social, Rosendo Radilla y los campesinos Teodoro Cabrera García y Rodolfo Montiel Flores, así como la violación de Valentina Rosendo e Inés Fernández, en donde los militares cumplían funciones de seguridad pública, vigilancia, contrainsurgencia y de combate a la delincuencia organizada, sin que en ninguno de los casos haya militares sentenciados.

Un informe publicado por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) señala que la Procuraduría General de la República (PGR) ha fracasado en investigar y perseguir casos de violaciones a derechos humanos cometidas por soldados contra civiles, a pesar de las reformas legales para que estos casos se investiguen en el sistema de justicia civil en vez del sistema militar.

Advierte que la gran mayoría de las investigaciones que han sido iniciadas son contra soldados de bajo rango y no contra sus superiores jerárquicos y que, a pesar de que hay evidencia de que oficiales militares de alto rango han emitido órdenes abusivas y violentas en contra de civiles, no han respondido por sus acciones.

“La supervisión civil de las fuerzas armadas es esencial en cualquier democracia, sin embargo, la PGR no ha responsabilizado a los militares por violaciones a derechos humanos. Esto es particularmente importante dada la dependencia del gobierno en los soldados para patrullar las calles y su insistencia en que mantengan un papel central en la lucha contra la delincuencia organizada”, sostiene Ximena Suárez-Enríquez, Coordinadora para México de WOLA y autora principal del informe.

El informe, titulado “Justicia olvidada: La impunidad de las violaciones a derechos humanos cometidas por soldados en México”, señala que aunque la PGR inició 505 investigaciones de abusos cometidos por militares entre el 2012 y el 2016, sólo hay registro de 16 sentencias condenatorias para esos casos, lo que significa que durante ese periodo la PGR sólo tuvo éxito en 3.2 por ciento de sus investigaciones.


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