A bordo de una camioneta con los vidrios polarizados Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, abandonó las instalaciones del Reclusorio Norte donde estuvo por dos años privado de la libertad acusado de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y colusión por el caso Odebrecht.
Esta mañana el Juez de Amparo, Juan Pedro Contreras Navarro, cambió las medidas cautelares del ex funcionario, por lo que ahora llevará su proceso en prisión domiciliaria. Ante esto, la Fiscalía General de la República (FGR) informó por la tarde que interpondrá un recurso de revisión al fallo del juzgador.
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En un comunicado, la FGR reprochó la resolución del juez bajo el argumento de que no existe riesgo de que se dé a la fuga; pese a que Lozoya fue aprehendido en 2020 en Málaga, España, luego de darse eludir la justicia, por la investigación en su contra por el caso Odebrecht.
Entre las medidas cautelares, Lozoya Austin deberá portar un brazalete electrónico, también se le retiró el pasaporte, se le prohibió salir del país y deberá acudir al Reclusorio Norte cada 15 días para firmar el libro de procesados.
La FGR se quejó de la resolución del Poder Judicial y a través de un comunicado aseguró que Lozoya no ha ganado ningún juicio ante el ministerio público, sino que ha sido beneficiado por jueces y magistrados federales, “totalmente injustos y desproporcionados”.
“Se nos han excluido pruebas que lícitamente fueron obtenidas por la Fiscalía en Brasil y en Suiza, mediante tratados internacionales válidos que México ha suscrito, violando así lo establecido en dichos convenios que tienen respaldo constitucional”, señaló la Fiscalía sobre el caso.
La Fiscalía General de la República había solicitado formalmente una pena de 46 años de prisión contra Emilio Lozoya Austin y una sanción de 21 años de cárcel en contra de Gilda Margarita Austin, madre del exfuncionario, también implicada en el caso.
Por el caso Odebrecht, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la empresa productiva del estado Petróleos Mexicanos, señalaron que Emilio Lozoya causó un daño por más de 200 millones de pesos.
Este es el segundo proceso judicial contra el exdirector de Pemex en el que logra evadir la prisión. El primero fue el de Agronitrogenados, en el que un juez declaró el sobreseimiento y lo libró del pago de la reparación del daño.
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Por ese caso se le acusó de haber recibido un soborno de 3.4 millones de dólares para que PEMEX comprara, a sobreprecio, a Altos Hornos de México (AHMSA), una planta “chatarra”, ubicada en Coatzacoalcos, Veracruz, misma que tenía 14 años sin operar.
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