/ domingo 28 de agosto de 2022

FGR debe revelar cuántas denuncias existen contra Fox, Calderón, Peña y AMLO

El Pleno del INAI aprobó por unanimidad una solicitud de revisión presentada por El Sol de México para que la FGR informe el número de denuncias existentes contra los expresidentes

El pleno del Consejo General del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) aprobó por unanimidad un recurso de revisión presentado por El Sol de México para que la Fiscalía General de la República (FGR) informe sobre el número de denuncias y carpetas de investigación que se han abierto en contra de los últimos cuatro presidentes de México.

La institución que preside Alejandro Gertz Manero deberá entregar esta información en diez días hábiles, que comprende la presentación de recursos judiciales en contra de Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, desde el 1 de diciembre de 2000 al 1 de abril de 2022.

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El comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, responsable de analizar el asunto, detalló que la información que debe entregar la FGR es “únicamente por lo que hace a aquellas averiguaciones y/o carpetas de investigación que ya sean de conocimiento previo del imputado”.

Lo anterior –dijo– “para no entorpecer las investigaciones iniciadas, ello, con motivo de los encargos públicos ocupados y no así aquellas que llegaran a existir en el ámbito de su vida privada”.

El pasado 30 de marzo, este medio formuló una solicitud de transparencia a la FGR solicitando cuántas denuncias se han presentado en contra de los últimos cuatro presidentes en el periodo del 1 de diciembre de 2000 al 1 de abril de 2022, así como cuántas carpetas de investigación se han abierto contra cada uno de los cuatro políticos en el mismo periodo.

La Fiscalía contestó el 10 de mayo que se encontraba imposibilitada jurídicamente a pronunciarse toda vez que “afirmar o negar la existencia o inexistencia de alguna indagatoria, denuncia, averiguación previa o carpeta de investigación en contra de una persona física identificada o identificable, se estaría atentando contra la intimidad, honor, buen nombre y presunción de inocencia de las personas en comento”.

Alegó también que la información solicitada era confidencial al contener datos personales de los cuatro presidentes.

Nueve días después este medio presentó ante el Inai un recurso de revisión en contra de la respuesta de la FGR, cuyo análisis fue encargado al comisionado Francisco Javier Acuña.

En su fundamentación para revertir la respuesta de la Fiscalía, el comisionado ponente explica que en la interpretación del derecho a la información debe prevalecer el principio de máxima publicidad. Además, que “las causales de clasificación (confidencialidad o reserva) previstas en la Ley no pueden constituir una regla absoluta, ya que en los supuestos en que la difusión produciría mayores beneficios para la sociedad que los daños que pudieran provocarse con su divulgación, por el interés público que reviste, debe hacerse una excepción a la regla general, privilegiando la transparencia y difusión de la información respectiva”.

Acuña Llamas consideró que, en el caso del número de denuncias y carpetas de investigación contra los presidentes de México, el interés público de que se difunda esa información supera la confidencialidad ya que se trata de los servidores con el más alto cargo en la Administración Pública Federal, “es decir, a mayor exposición pública de esa persona, su derecho a la intimidad se ve reducido”.

VEN A GERTZ COMO “ABOGADO DEL PRESIDENTE”

Al justificar su resolución, Acuña Llamas comentó que no deja de llamar la atención que el fiscal Alejandro Gertz Manero “llegó al encargo como abogado del presidente (López Obrador) desde la perspectiva antigua”.

“Ahora resulta que, inclusive, Gertz Manero guarda con mayor celo la información que sus antecesores”, abundó al ironizar la preocupación de la Fiscalía por no violentar los derechos a la intimidad y la vida privada de los presidentes cuando los ciudadanos buscan transparentar su gestión.

Anotó que “en ningún caso podríamos imaginar que las denuncias de las que estamos hablando o pensando, según lo que pidió el interesado, pudieran ser una denuncia que hubiera por un particular por un hecho eminentemente del plano privado con un expresidente”.

En este caso –abundó– “están pidiendo posibles denuncias y expedientes o carpetas abiertas por hechos relacionados con su mandato, con el ejercicio de sus potestades. En este caso, pues, ya de entrada no parece viable ni conveniente que se acuda a la solución: ‘No te doy nada porque está clasificado todo’”.

El comisionado señaló que “ya hubo un proceso contra un expresidente de la República que se acaba de morir, que es Luis Echeverría, por hechos, desde luego, gravísimos como fueron los del 68”.

“Y tan solo por el caso Ayotzinapa, que hoy está en boga, por la Casa Blanca y por otros casos delicados en los que estuvo referida la gestión de Peña Nieto, no se diga por la guerra contra el narcotráfico que entabló Calderón, la famosa Estela de Luz para el famoso Bicentenario o la Biblioteca aquella virtual Vasconcelos, ahora parece inverosímil que (en la FGR) puedan salir con ello cuando, incluso, hay una referencia mediática impresionante”, manifestó.

Acuña Llamas consideró que incluso López Obrador no estaría en lo personal agraviado con la entrega de esta información, porque –recordó– “él mismo ha dicho que los anteriores gobiernos incurrieron en corrupción, al grado de hablar de ellos todos como una etapa neoliberal de gran compromiso de corrupción”.

El pleno del Consejo General del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) aprobó por unanimidad un recurso de revisión presentado por El Sol de México para que la Fiscalía General de la República (FGR) informe sobre el número de denuncias y carpetas de investigación que se han abierto en contra de los últimos cuatro presidentes de México.

La institución que preside Alejandro Gertz Manero deberá entregar esta información en diez días hábiles, que comprende la presentación de recursos judiciales en contra de Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, desde el 1 de diciembre de 2000 al 1 de abril de 2022.

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El comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, responsable de analizar el asunto, detalló que la información que debe entregar la FGR es “únicamente por lo que hace a aquellas averiguaciones y/o carpetas de investigación que ya sean de conocimiento previo del imputado”.

Lo anterior –dijo– “para no entorpecer las investigaciones iniciadas, ello, con motivo de los encargos públicos ocupados y no así aquellas que llegaran a existir en el ámbito de su vida privada”.

El pasado 30 de marzo, este medio formuló una solicitud de transparencia a la FGR solicitando cuántas denuncias se han presentado en contra de los últimos cuatro presidentes en el periodo del 1 de diciembre de 2000 al 1 de abril de 2022, así como cuántas carpetas de investigación se han abierto contra cada uno de los cuatro políticos en el mismo periodo.

La Fiscalía contestó el 10 de mayo que se encontraba imposibilitada jurídicamente a pronunciarse toda vez que “afirmar o negar la existencia o inexistencia de alguna indagatoria, denuncia, averiguación previa o carpeta de investigación en contra de una persona física identificada o identificable, se estaría atentando contra la intimidad, honor, buen nombre y presunción de inocencia de las personas en comento”.

Alegó también que la información solicitada era confidencial al contener datos personales de los cuatro presidentes.

Nueve días después este medio presentó ante el Inai un recurso de revisión en contra de la respuesta de la FGR, cuyo análisis fue encargado al comisionado Francisco Javier Acuña.

En su fundamentación para revertir la respuesta de la Fiscalía, el comisionado ponente explica que en la interpretación del derecho a la información debe prevalecer el principio de máxima publicidad. Además, que “las causales de clasificación (confidencialidad o reserva) previstas en la Ley no pueden constituir una regla absoluta, ya que en los supuestos en que la difusión produciría mayores beneficios para la sociedad que los daños que pudieran provocarse con su divulgación, por el interés público que reviste, debe hacerse una excepción a la regla general, privilegiando la transparencia y difusión de la información respectiva”.

Acuña Llamas consideró que, en el caso del número de denuncias y carpetas de investigación contra los presidentes de México, el interés público de que se difunda esa información supera la confidencialidad ya que se trata de los servidores con el más alto cargo en la Administración Pública Federal, “es decir, a mayor exposición pública de esa persona, su derecho a la intimidad se ve reducido”.

VEN A GERTZ COMO “ABOGADO DEL PRESIDENTE”

Al justificar su resolución, Acuña Llamas comentó que no deja de llamar la atención que el fiscal Alejandro Gertz Manero “llegó al encargo como abogado del presidente (López Obrador) desde la perspectiva antigua”.

“Ahora resulta que, inclusive, Gertz Manero guarda con mayor celo la información que sus antecesores”, abundó al ironizar la preocupación de la Fiscalía por no violentar los derechos a la intimidad y la vida privada de los presidentes cuando los ciudadanos buscan transparentar su gestión.

Anotó que “en ningún caso podríamos imaginar que las denuncias de las que estamos hablando o pensando, según lo que pidió el interesado, pudieran ser una denuncia que hubiera por un particular por un hecho eminentemente del plano privado con un expresidente”.

En este caso –abundó– “están pidiendo posibles denuncias y expedientes o carpetas abiertas por hechos relacionados con su mandato, con el ejercicio de sus potestades. En este caso, pues, ya de entrada no parece viable ni conveniente que se acuda a la solución: ‘No te doy nada porque está clasificado todo’”.

El comisionado señaló que “ya hubo un proceso contra un expresidente de la República que se acaba de morir, que es Luis Echeverría, por hechos, desde luego, gravísimos como fueron los del 68”.

“Y tan solo por el caso Ayotzinapa, que hoy está en boga, por la Casa Blanca y por otros casos delicados en los que estuvo referida la gestión de Peña Nieto, no se diga por la guerra contra el narcotráfico que entabló Calderón, la famosa Estela de Luz para el famoso Bicentenario o la Biblioteca aquella virtual Vasconcelos, ahora parece inverosímil que (en la FGR) puedan salir con ello cuando, incluso, hay una referencia mediática impresionante”, manifestó.

Acuña Llamas consideró que incluso López Obrador no estaría en lo personal agraviado con la entrega de esta información, porque –recordó– “él mismo ha dicho que los anteriores gobiernos incurrieron en corrupción, al grado de hablar de ellos todos como una etapa neoliberal de gran compromiso de corrupción”.

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