Por considerar insuficientes las pruebas aportadas por el Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), el Juez de Control de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, Juan Antonio Luis Torres, ordenó dejar en libertad al militar en activo, Víctor Alfonso N., a pesar de que fue acusado de asesinar a un hombre en Tequexquitla y dejar herido de gravedad a uno más.
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En la audiencia efectuada a las 16:00 horas del pasado cinco de marzo, la cual tuvo una duración de dos horas con 45 minutos, el jurista consideró insuficientes las pruebas aportadas en el proceso legal, además dijo que no fue demostrada la flagrancia y carecía de señalamientos directos por parte de las víctimas.
Por todo ello, determinó dejar en libertad al Capitán Segundo de Materiales de Guerra, destacamentado en Oriental, Puebla, de 45 años de edad, quien presuntamente privó de la vida a un joven tlaxcalteca.
El elemento castrense supuestamente accionó su arma de fuego en contra de Jesús N. y Juan Pablo N., de 29 y 23 años de edad, respectivamente, quienes atienden un hotel de paso en el municipio de Tequexquitla.
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De acuerdo con los reportes policiales, el agresor acudió al motel para solicitar el servicio de regaderas, pero le informaron que debía rentar la habitación completa, por lo que pagó la misma, pero al entrar a la ducha alegó que no había agua caliente y exigió la devolución de su efectivo.
Como se negaron a devolverle la cantidad completa, sacó de su vehículo una pistola nueve milímetros y la accionó en diversas ocasiones en contra de Jesús N., y Juan Pablo N., dejándolos mal heridos; sin embargo, el primero de ellos murió el lunes en el Hospital General de Tlaxcala y ayer fue su sepelio.
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Jesús N. dejó en orfandad a una niña de 10 años y un bebé de año y medio de edad, mientras que Juan Pablo N. es estudiante de la Licenciatura en Inteligencia de Negocios en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla y permanece grave en el Hospital Regional de Tzompantepec.
A pesar de que el militar fue detenido y puesto a disposición por elementos municipales e ingresó al Centro de Readaptación Social de Apizaco, el juez ordenó dejarlo libre, por ello, los deudos pidieron justicia a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, a la Procuradora Ernestina Carro Roldán y a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Anel Bañuelos Meneses.