En junio de 2008, con el apoyo de especialistas, activistas y público interesado, se aprobó la Reforma Constitucional en Materia de Justicia Penal y Seguridad Pública en México, que estuvo acompañada de otros cambios en la legislación mexicana, misma que cambió la forma en la que se imparte justicia penal en México, es decir dicha reforma tuvo por objeto transitar de un sistema de justicia inquisitivo a uno acusatorio, con procesos más transparentes y eficientes, así como un mayor respeto a los derechos tanto de las víctimas como de los acusados de algún delito, una vez concretada, surgieron diversos análisis desde la óptica conceptual, sin embargo, eran pocos los estudios basados en evidencia cuantitativa.
Sin embargo, durante más de una década, el World Justice Project® (WJP) ha creado la herramienta más completa para medir la situación del Estado de Derecho en el mundo, desde 2018, WJP publica el Índice de Estado de Derecho en México (IEDMX), el cual mide el grado de adhesión al Estado de Derecho de las 32 entidades federativas en el país, este Índice retoma el marco conceptual y metodológico que se aplica a nivel global, con las adaptaciones pertinentes para reflejar la arquitectura institucional de México y las competencias de los distintos órdenes de gobierno.
El WJP tiene por objeto evaluar, utilizando una metodología robusta y los mejores datos disponibles, el impacto de la reforma en la experiencia de los usuarios del sistema de justicia penal, dicho análisis estadístico va acompañado de investigación cualitativa e historias que comuniquen de forma efectiva los hallazgos sobre el sistema de justicia penal.
El WJP realizó un análisis de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (misma que incluye respuestas de más de 58 mil personas privadas de la libertad), en combinación con una base de datos de la fecha de implementación de la reforma a nivel municipal y por tipo de delito, para conocer cuál ha sido el impacto de la reforma penal, dicho análisis explica que, como resultado de la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, las sentencias son más claras, los jueces están presentes y ponen atención en las audiencias, y las audiencias son grabadas en audio y/o video, además de que los procesos judiciales son más rápidos, también el análisis reveló que persisten retos en la policía y las fiscalías ya que el maltrato a las personas durante la detención sigue siendo un problema frecuente, reformar ambos eslabones es una tarea inaplazable para mejorar la calidad de la justicia y la capacidad del sistema para reducir la impunidad.
La tercera edición del Índice de Estado de Derecho en México (IDEDMX 2020-2021), presenta nuevos datos e indicadores organizados en los ocho factores que lo integran: 1) Límites al poder gubernamental, 2) Ausencia de corrupción, 3) Gobierno abierto, 4) Derechos fundamentales, 5) Orden y seguridad, 6) Cumplimiento regulatorio, 7) Justicia Civil y, 8) Justicia penal, a su vez, los ocho factores se desagregan en 42 sub-factores, los cuales reflejan las perspectivas y experiencias de más de 25,000 personas en todo el país, más de 2,300 especialistas en justicia civil, justicia penal, justicia laboral y salud pública a quienes se entrevistó entre julio y octubre de 2020.
Los resultados del IEDMX 2020-2021 evidencian un estancamiento en el progreso del país hacia un Estado de Derecho robusto, con cambios marginales en los puntajes generales de la mayoría de las entidades federativas desde la última edición, a pesar de lo anterior, los datos muestran algunos cambios en ciertos aspectos del Estado de Derecho, la pandemia del COVID-19 y la aplicación de las medidas sanitarias trajeron consigo algunas interrupciones en el funcionamiento de las instituciones gubernamentales.
En la mayoría de los estados, muestran caídas en el Factor 8 del Índice, también un debilitamiento de la libertad de prensa y una reducción del espacio cívico en la mayoría de las entidades federativas con caídas en el Factor 1, tendencia que inició antes de la pandemia y que se profundizó durante la crisis de salud pública, al igual que en años anteriores, la seguridad pública sigue siendo uno de los mayores retos del país, aunque muchos estados registraron una disminución en las tasas de incidencia y prevalencia delictivas con mejoras en el Factor 5.
La brecha entre los puntajes de las 32 entidades federativas y el puntaje idóneo (el Índice utiliza una escala de 0 a 1, donde 1 significa mayor adhesión al Estado de Derecho) sigue siendo extensa, lo cual indica que todas tienen aún retos importantes; los estados con los puntajes más altos en el Índice de Estado de Derecho en México 2020–2021 fueron Yucatán (0.47), Coahuila (0.45) y Campeche (0.44), en contraste, los estados en los lugares más bajos para la edición 2020-2021 del Índice son Quintana Roo (0.34), Puebla (0.35), y Morelos (0.36).
Trascendiendo que se registraron incrementos modestos en los puntajes de 17 estados (Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas), descensos en los puntajes de 5 entidades (Aguascalientes, Baja California, Oaxaca, Quintana Roo y Veracruz), y 10 estados permanecieron sin cambios en sus promedios (Chiapas, Ciudad de México, Colima, Durango, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nuevo León y Puebla).
Por otro lado, cuatro entidades federativas destacan por mostrar un progreso significativo en sus puntajes generales del Índice de Estado de Derecho en México, en las tres ediciones que han sido publicadas desde 2018: Baja California Sur (de 0.35 en 2018 a 0.43 en 2020-2021), Guerrero (de 0.29 a 0.36), Sonora (de 0.36 a 0.40), y Nayarit (de 0.37 a 0.42). Cabe mencionar que Tlaxcala se encuentra en la posición 24, con un puntaje de 0.38, con un cambio de 2019-2010 a 2020-2021 de 0.01.
