/ martes 9 de julio de 2019

Un año después... aún en campaña

Estamos en julio de 2019 y el presidente de México no ha dejado de hacer campaña política. Un año después del proceso electoral sigue en una acción permanente que divide a los mexicanos, entre sus seguidores incondicionales -”pueblo bueno” que comienza a abrir los ojos- y el resto de los habitantes, a quienes señala y descalifica constantemente, por no coincidir con sus decisiones, simple hecho que los coloca como parte de la “mafia del poder, los de arriba o los “fifís”.

Doce meses señalan el incremento de la violencia y el consecuente temor de la población por las condiciones de inseguridad; crisis en el gabinete (por la invasión de funciones); crisis migratoria (centroamericanos y africanos que pretenden solicitar asilo en los Estados Unidos de Norteamérica y México es -a petición y amenaza arancelaria del Presidente Donald Trump- país de contención que edifica un muro humano con la Guardia Nacional); crisis en los sectores energético (abastecimiento de gasolina), salud (medicamentos y servicios de calidad), ambiental (sargazo y contaminación) y en días recientes, en la conformación de la Guardia Nacional (disidentes en la Policía Federal), más las que se acumulen. Hay también un desplome en la creación de empleos (con datos del IMSS, alrededor del 88%); falta de inversión pública y privada, sin estímulos para el aparato productivo; cierre de fuentes de empleo y despido significativo de trabajadores del gobierno federal; recorte de programas sociales; interpretación a modo de la ley; falta de voluntad política para encontrar puntos de acuerdo; incomodidad del Ejecutivo ante la autonomía de los poderes públicos y los contrapesos. Frente a esta realidad, en el país de un solo hombre, se dice tener “otros datos”.

Afirma el titular del Poder Ejecutivo: “Hemos trabajado con intensidad y vamos avanzando... Posiblemente, nunca al comienzo de un gobierno se haya hecho tanto en tan poco tiempo”. Sin embargo, hay voces especializadas que determinan cómo vamos.

Empecemos por los problemas de inseguridad que, según el otrora candidato de Morena, terminarían con su simple presencia. De acuerdo con lo reportado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el primer semestre de esta administración, han sido asesinadas 17 mil 010 personas, un promedio de 93 por día. En cinco meses del 2019 suman ya 12 mil 031, más los 2 mil 903 asesinatos de mayo, considerado como el mes más violento en la vida de México.

Dicen los especialistas que la economía está en proceso de desaceleración; se tiene un crecimiento de 0.14% con relación al primer trimestre del 2018 y el más bajo en comparación con las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón. Más allá de la comparación de datos, vale la pena precisar que el mismo López Obrador, durante mucho años, desempeñó el papel de victimario (aunque lo niegue), al construir la percepción de que todo lo que se hacía en el gobierno estaba mal, pues en su afán por ganar la presidencia, jamás reconoció -ni reconocerá- los avances de los gobiernos panistas, a los que eligió como sus adversarios, pues aunque en apariencia señale al PRI, lo cierto es que está rodeado de ellos, y ahí está realmente su origen y su forma de gobernar; tan es así, que el fantasma de la recesión es una amenaza continua para los inversionistas y el dinero no alcanza, signo de la forma de gobernar priista de las décadas de los setentas y ochentas, años de crisis económicas.

En estos seis meses han sido despedidos alrededor de 22 mil funcionarios públicos de 263 dependencias, sin contabilizar a los del Instituto Mexicano de la Radio (IMER), Canal ONCE y Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex), sin contabilizar los más 45 mil desempleados derivados de la cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México.

Se gobierna, en nombre de la austeridad republicana, con un gasto excesivo en una política social que a la larga será imposible sostener y que por el momento, ha costado recortes presupuestales y consecuentemente despidos de personal de áreas completas de la Administración Pública, so pretexto de cerrar las brechas de desigualdad con el reparto directo de dinero, en programas como “Jóvenes construyendo el futuro”, que promueve la inserción laboral de 620 mil jóvenes; las becas para estudiantes de bajos recursos; las pensiones a personas mayores de 68 años y los apoyos a personas con discapacidad. Nadie, en su sano juicio, estaría en contra de los apoyos. La debilidad de esta visión radica en que el reparto ni se traduce en generación de riqueza, ni tampoco en el desarrollo de capacidades y/o habilidades en la búsqueda del bien común. Y para justificar estas decisiones, no hay acto ni evento en los que se haga referencia a los neoliberales, a problemas heredados del pasado.

Con la palabra se pregona el respeto a los derechos y libertades de todos los que no comulguen con estas ideas, pero en los hechos, desde el poder público se impulsa una política pública que pretende borrar todo el pasado, aplasta los contrapesos, ataca la libertad de expresión y opta por ignorar y contraatacar las disposiciones de otros poderes (como la de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que invalidó los artículos de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos relativos a determinar el sueldo del presidente, por carecer de bases, procedimiento y metodología) y órganos autónomos (como la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos relativa a las Estancias Infantiles).

Un año después del triunfo electoral, hay símbolos que son fundamentales para este gobierno, en su obsesiva necesidad de demostrar quién y cómo gobierna

Escuchamos una y otra vez que hoy México tiene un gobierno de “ahorros” que, entre otras arbitrariedades, ha hecho recortes en el gasto corriente (a las Estancias Infantiles, a los Refugios para las Mujeres víctimas de violencia o a las organizaciones de la sociedad civil), pero que en la mal llamada transformación de la vida pública, no reparó en despilfarrar recursos para organizar una fiesta -con acarreados incluidos-, al son de la diosa de la cumbia, en la plancha del Zócalo, por el primer aniversario, con cargo al dinero de todos los mexicanos.

*Diputada federal

Estamos en julio de 2019 y el presidente de México no ha dejado de hacer campaña política. Un año después del proceso electoral sigue en una acción permanente que divide a los mexicanos, entre sus seguidores incondicionales -”pueblo bueno” que comienza a abrir los ojos- y el resto de los habitantes, a quienes señala y descalifica constantemente, por no coincidir con sus decisiones, simple hecho que los coloca como parte de la “mafia del poder, los de arriba o los “fifís”.

Doce meses señalan el incremento de la violencia y el consecuente temor de la población por las condiciones de inseguridad; crisis en el gabinete (por la invasión de funciones); crisis migratoria (centroamericanos y africanos que pretenden solicitar asilo en los Estados Unidos de Norteamérica y México es -a petición y amenaza arancelaria del Presidente Donald Trump- país de contención que edifica un muro humano con la Guardia Nacional); crisis en los sectores energético (abastecimiento de gasolina), salud (medicamentos y servicios de calidad), ambiental (sargazo y contaminación) y en días recientes, en la conformación de la Guardia Nacional (disidentes en la Policía Federal), más las que se acumulen. Hay también un desplome en la creación de empleos (con datos del IMSS, alrededor del 88%); falta de inversión pública y privada, sin estímulos para el aparato productivo; cierre de fuentes de empleo y despido significativo de trabajadores del gobierno federal; recorte de programas sociales; interpretación a modo de la ley; falta de voluntad política para encontrar puntos de acuerdo; incomodidad del Ejecutivo ante la autonomía de los poderes públicos y los contrapesos. Frente a esta realidad, en el país de un solo hombre, se dice tener “otros datos”.

Afirma el titular del Poder Ejecutivo: “Hemos trabajado con intensidad y vamos avanzando... Posiblemente, nunca al comienzo de un gobierno se haya hecho tanto en tan poco tiempo”. Sin embargo, hay voces especializadas que determinan cómo vamos.

Empecemos por los problemas de inseguridad que, según el otrora candidato de Morena, terminarían con su simple presencia. De acuerdo con lo reportado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el primer semestre de esta administración, han sido asesinadas 17 mil 010 personas, un promedio de 93 por día. En cinco meses del 2019 suman ya 12 mil 031, más los 2 mil 903 asesinatos de mayo, considerado como el mes más violento en la vida de México.

Dicen los especialistas que la economía está en proceso de desaceleración; se tiene un crecimiento de 0.14% con relación al primer trimestre del 2018 y el más bajo en comparación con las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón. Más allá de la comparación de datos, vale la pena precisar que el mismo López Obrador, durante mucho años, desempeñó el papel de victimario (aunque lo niegue), al construir la percepción de que todo lo que se hacía en el gobierno estaba mal, pues en su afán por ganar la presidencia, jamás reconoció -ni reconocerá- los avances de los gobiernos panistas, a los que eligió como sus adversarios, pues aunque en apariencia señale al PRI, lo cierto es que está rodeado de ellos, y ahí está realmente su origen y su forma de gobernar; tan es así, que el fantasma de la recesión es una amenaza continua para los inversionistas y el dinero no alcanza, signo de la forma de gobernar priista de las décadas de los setentas y ochentas, años de crisis económicas.

En estos seis meses han sido despedidos alrededor de 22 mil funcionarios públicos de 263 dependencias, sin contabilizar a los del Instituto Mexicano de la Radio (IMER), Canal ONCE y Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex), sin contabilizar los más 45 mil desempleados derivados de la cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México.

Se gobierna, en nombre de la austeridad republicana, con un gasto excesivo en una política social que a la larga será imposible sostener y que por el momento, ha costado recortes presupuestales y consecuentemente despidos de personal de áreas completas de la Administración Pública, so pretexto de cerrar las brechas de desigualdad con el reparto directo de dinero, en programas como “Jóvenes construyendo el futuro”, que promueve la inserción laboral de 620 mil jóvenes; las becas para estudiantes de bajos recursos; las pensiones a personas mayores de 68 años y los apoyos a personas con discapacidad. Nadie, en su sano juicio, estaría en contra de los apoyos. La debilidad de esta visión radica en que el reparto ni se traduce en generación de riqueza, ni tampoco en el desarrollo de capacidades y/o habilidades en la búsqueda del bien común. Y para justificar estas decisiones, no hay acto ni evento en los que se haga referencia a los neoliberales, a problemas heredados del pasado.

Con la palabra se pregona el respeto a los derechos y libertades de todos los que no comulguen con estas ideas, pero en los hechos, desde el poder público se impulsa una política pública que pretende borrar todo el pasado, aplasta los contrapesos, ataca la libertad de expresión y opta por ignorar y contraatacar las disposiciones de otros poderes (como la de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que invalidó los artículos de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos relativos a determinar el sueldo del presidente, por carecer de bases, procedimiento y metodología) y órganos autónomos (como la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos relativa a las Estancias Infantiles).

Un año después del triunfo electoral, hay símbolos que son fundamentales para este gobierno, en su obsesiva necesidad de demostrar quién y cómo gobierna

Escuchamos una y otra vez que hoy México tiene un gobierno de “ahorros” que, entre otras arbitrariedades, ha hecho recortes en el gasto corriente (a las Estancias Infantiles, a los Refugios para las Mujeres víctimas de violencia o a las organizaciones de la sociedad civil), pero que en la mal llamada transformación de la vida pública, no reparó en despilfarrar recursos para organizar una fiesta -con acarreados incluidos-, al son de la diosa de la cumbia, en la plancha del Zócalo, por el primer aniversario, con cargo al dinero de todos los mexicanos.

*Diputada federal

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