/ viernes 28 de enero de 2022

Abogados tlaxcaltecas piden legal elección en el Poder Judicial

Consideran que solo tres magistrados cumplen requisitos para ocupar la presidencia

Abogados tlaxcaltecas pidieron a magistrados cumplir con lo que marca la Carta Magna y la Ley Orgánica del Poder Judicial el próximo martes 1 de febrero, fecha en la que será electo el nuevo presidente o presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

De igual forma, solicitaron a la titular del Poder Ejecutivo, Lorena Cuéllar Cisneros, evitar caer en la tentación de interferir en el proceso de renovación, pues representaría un golpe para la democracia en la entidad al violentarse el principio de autonomía de los Poderes.

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Los juristas también demandaron a los diputados integrantes de la sexagésima cuarta legislatura no avalar ninguna arbitrariedad en la elección del nuevo magistrado presidente del TSJE, sobre todo porque dos de los actuales integrantes del Pleno enfrentan sendos juicios políticos y dos más están imposibilitadas para participar al ocupar el cargo de manera interina.

Abogados exigieron que en la próxima renovación del Poder Judicial prive la legalidad / Moisés Morales | El Sol de Tlaxcala

En entrevista con El Sol de Tlaxcala, los abogados litigantes y académicos emitieron sus reflexiones a unos días de la renovación del titular del Poder Judicial y comentaron que el numeral 14 de la Ley Orgánica es claro al citar textualmente que: el día uno del mes de febrero del año que corresponda, los magistrados propietarios del Tribunal elegirán de entre ellos a un presidente, que durará en su encargo dos años y podrá ser reelecto una sola vez.

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Por lo anterior y de acuerdo con las reglas del ordenamiento, únicamente son magistrados propietarios: Héctor Maldonado Bonilla, Fernando Bernal Salazar, Pedro Sánchez Ortega, Mary Cruz Cortés Ornelas y Fanny Margarita Amador, pues Anel Bañuelos Meneses y Marisol Barba Pérez ocupan el cargo como interinas o sustitutas y quedarían descartadas e impedidas para votar.

No obstante, aunque Héctor Maldonado Bonilla –actual titular del TSJE- y Mary Cruz Cortés Ornelas son magistrados propietarios, no estarían en posibilidades de participar al enfrentar un juicio político ante el Congreso del Estado, aunado a que el periodo para el que fueron electos culmina el 14 de julio y 26 de diciembre de 2022, respectivamente.

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En el supuesto de que en alguno de ellos recaiga la designación para presidir el Tribunal Superior de Justicia del Estado, sería tanto como prorrogar el cargo por dos años más, lo que pugnaría abiertamente con el artículo 14 invocado con antelación, explicaron.

A ello le sumaron que ambos magistrados no gozan de buena reputación, pues Cortés Ornelas ha sido señalada por nepotismo y tráfico de influencis, mientras que en anterior periodo que Maldonado Bonilla ocupó la presidencia (de febrero 2017 a mayo de 2019), el Órgano de Fiscalización Superior detectó diversas irregularidades, concediéndole plazo legal para solventar, pero eso no ocurrió y tiene pendientes 19 observaciones.

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Entre esas observaciones se encuentran el pago de bonos por actuación de funcionarios sin autorización y justificación; saldos por cobrar y saldos pendientes de pagar de ejercicios anteriores; pago de servidores públicos que reciben prestaciones en otros entes públicos, existiendo por tanto incompatibilidad; cuentas por cobrar del Fondo Auxiliar para la Impartición de Justicia; falta de integración de ingresos en la concesión de la administración de los servicios de cafetería y preparación de alimentos, bebidas y fotocopiado, entre otros conceptos más.

Los abogados criticaron que entre los excesos de Maldonado Bonilla está la adquisición de 10 tóneres que derivó en el expediente 35/2019 ante la Contraloría del Poder Judicial, compras autorizadas por la exsecretaria Ejecutiva, Georgette Alejandra Pointelin González.

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En el caso de Mary Cruz Cortés, es señalada de incurrir en tráfico de influencias al integrar a la nómina del Poder Judicial a su pareja sentimental, Santiago N., a su hijastro Santiago N. y a su sobrina Sheyla N., quienes no cumplen con los requisitos de experiencia y antigüedad.

Para los abogados integrados colegiadamente a la organización denominada “Ateneo Jurídico de Tlaxcala José Miguel Guridi y Alcocer A.C.”, los únicos magistrados elegibles en el cargo de presidente del TSJE son: Fanny Margarita Amador Montes, Pedro Sánchez Ortega y Fernando Bernal Salazar.

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Es por ello que los juristas elaboraron un documento dirigido a los diputados locales en el que les piden que los dos magistrados con juicio político sean suspendidos de su encargo, a fin de que se evite la posible elección de quien su conducta está en tela de juicio, pues “no sería correcto que quien presiente el honroso cargo de dirigir la impartición de justicia en el Estado, se encuentre bajo el escrutinio conducta”.

Queremos que la opinión pública nos escuche y conozca la posición de los abogados, sobre todos los litigantes que tenemos que estar diariamente en los juzgados… es muy importante que el Congreso esté atento de lo que ocurra en próximos días y estaremos atentos para que la elección en el Poder Judicial no sea manipulada; no estamos pidiendo por favor que nos oigan, estamos exigiendo que cumplan con la ley los magistrados y diputados para hacer velar el Estado de Derecho que tanto pregonan.

  • Para los abogados, los únicos magistrados elegibles en el cargo de presidente del TSJE son: Fanny Margarita Amador Montes, Pedro Sánchez Ortega y Fernando Bernal Salazar.

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De igual forma, solicitaron a la titular del Poder Ejecutivo, Lorena Cuéllar Cisneros, evitar caer en la tentación de interferir en el proceso de renovación, pues representaría un golpe para la democracia en la entidad al violentarse el principio de autonomía de los Poderes.

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Abogados exigieron que en la próxima renovación del Poder Judicial prive la legalidad / Moisés Morales | El Sol de Tlaxcala

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Por lo anterior y de acuerdo con las reglas del ordenamiento, únicamente son magistrados propietarios: Héctor Maldonado Bonilla, Fernando Bernal Salazar, Pedro Sánchez Ortega, Mary Cruz Cortés Ornelas y Fanny Margarita Amador, pues Anel Bañuelos Meneses y Marisol Barba Pérez ocupan el cargo como interinas o sustitutas y quedarían descartadas e impedidas para votar.

No obstante, aunque Héctor Maldonado Bonilla –actual titular del TSJE- y Mary Cruz Cortés Ornelas son magistrados propietarios, no estarían en posibilidades de participar al enfrentar un juicio político ante el Congreso del Estado, aunado a que el periodo para el que fueron electos culmina el 14 de julio y 26 de diciembre de 2022, respectivamente.

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En el supuesto de que en alguno de ellos recaiga la designación para presidir el Tribunal Superior de Justicia del Estado, sería tanto como prorrogar el cargo por dos años más, lo que pugnaría abiertamente con el artículo 14 invocado con antelación, explicaron.

A ello le sumaron que ambos magistrados no gozan de buena reputación, pues Cortés Ornelas ha sido señalada por nepotismo y tráfico de influencis, mientras que en anterior periodo que Maldonado Bonilla ocupó la presidencia (de febrero 2017 a mayo de 2019), el Órgano de Fiscalización Superior detectó diversas irregularidades, concediéndole plazo legal para solventar, pero eso no ocurrió y tiene pendientes 19 observaciones.

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Los abogados criticaron que entre los excesos de Maldonado Bonilla está la adquisición de 10 tóneres que derivó en el expediente 35/2019 ante la Contraloría del Poder Judicial, compras autorizadas por la exsecretaria Ejecutiva, Georgette Alejandra Pointelin González.

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Para los abogados integrados colegiadamente a la organización denominada “Ateneo Jurídico de Tlaxcala José Miguel Guridi y Alcocer A.C.”, los únicos magistrados elegibles en el cargo de presidente del TSJE son: Fanny Margarita Amador Montes, Pedro Sánchez Ortega y Fernando Bernal Salazar.

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Es por ello que los juristas elaboraron un documento dirigido a los diputados locales en el que les piden que los dos magistrados con juicio político sean suspendidos de su encargo, a fin de que se evite la posible elección de quien su conducta está en tela de juicio, pues “no sería correcto que quien presiente el honroso cargo de dirigir la impartición de justicia en el Estado, se encuentre bajo el escrutinio conducta”.

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