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Los diputados de la LXIII Legislatura local dieron entrada al juicio político promovido por Lilia Vásquez Juárez en contra de Marlene Alonso Meneses, presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Tlaxcala.
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La Comisión Especial que conoció del caso fue encabezada por Ramiro Vivanco Chedraui y como vocales fungieron Patricia Jaramillo García y María Ana Bertha Mastranzo Corona, los tres del Partido Movimiento Regeneración Nacional.
Una vez que fue turnado el caso a la Comisión Instructora de Juicio Político, Declaración de Procedencia, Desafuero y Responsabilidad de Munícipes, que preside José María Méndez Salgado, la Especial fue declarada extinta.
Con ese nuevo juicio, Alonso Meneses suma dos de esa naturaleza en su contra, toda vez que el promovido por los consejeros José David Cabrera Canales y José Francisco Morones Servín también fue admitido y turnado a esa comisión.
Ayer, en sesión ordinaria dieron lectura al informe que señala dictaron acuerdo por el cual la comisión determinó coadyuvar con los denunciantes en las gestiones necesarias que les permitieran reunir y aportar los medios de prueba que acrediten la plena responsabilidad o no de la servidora pública denunciada.
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Según la comisión, señaló que invitaron a las partes involucradas para que fueran entrevistadas y presentaran las pruebas que consideraran pertinentes.
De ahí que Vásquez Juárez exhibió acuses en original de la interposición de los recursos de revisión, copia simple de autos y de los antecedentes de recursos de revisión, mientras que Alonso Meneses presentó el informe el estado procesal que guardan varios expedientes y un acumulado.
“Los medios de prueba recabados por esta Comisión Especial fueron debidamente valorados e integrados al expediente CE-01/001/2018, y no existe medio de prueba pendiente por desahogar, ni elementos de prueba cuya integración al presente expediente resultaran necesarios”, detalla el informe.
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Cabe recordar que Alonso Meneses calificó a los diputados de parciales al admitir todos los juicios políticos promovidos en su contra y los de sus compañeros no avanzan, a pesar de que fueron los primeros en promoverse.
“No es admisible que resuelvan sobre mi juicio político y no en el de ellos, pues por el número de prelación, el que yo presente ya debe ser resuelto”, declaró en su momento la presidenta.
EL MOTIVO
Por las conductas y omisiones que puedan redundar en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o del buen despacho de las funciones públicas que dicha denunciada tiene a su cargo
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