A fin de evitar vicios de inconstitucionalidad en las leyes que emite el Congreso de la Unión, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN) propuso crear la figura de la acción de control preventivo de constitucionalidad.
El propósito de la iniciativa es preservar la constitucionalidad del ordenamiento jurídico mexicano y reafirmar la supremacía de la Carta Magna.
Al fundamentar la propuesta a nombre del GPPAN, la senadora Minerva Hernández Ramos aseveró que ante la actual coyuntura política, resulta de gran relevancia la limitación del poder y la defensa de la Constitución.
En este sentido, explicó que crear la acción de control preventivo permitirá contar con un mecanismo de control constitucional de carácter previo o preventivo.
“Es decir, que a diferencia de los otros instrumentos de control constitucional con los que ya cuenta nuestro marco jurídico, no sea utilizable sólo a posteriori y con efectos sancionadores, sino de manera ex ante y como medio para asegurar que las normas que se expidan sean conformes con la Constitución y por lo tanto con los tratados internacionales de los que México sea parte”, aclaró.
La legisladora por Tlaxcala recordó que el Congreso ya cuenta con mecanismos de control constitucional como las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que, junto con el juicio de amparo, se constituyen en los pilares mediante los cuales la Suprema Corte ha defendido la vigencia de los principios constitucionales.
Hernández Ramos indicó que la puesta en marcha de una figura como esta, implicaría la participación del Poder Judicial en el procedimiento legislativo.
Para ello, el documento presentado ante el Pleno del Senado especifica que cuando una de las cámaras de Congreso de la Unión apruebe un proyecto de ley o decreto, que pudiera contener vicios de inconstitucionalidad, antes de ponerlo a discusión en el Pleno se puedan suspender el procedimiento legislativo interponiendo este recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a efecto de que ésta se pronuncie sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la misma.
Señaló que al suspenderse el proceso legislativo, la Suprema Corte deberá resolver el asunto en breve término, y sus resoluciones serán totalmente obligatorias, es decir, no se trata de meras opiniones.
- La senadora Minerva Hernández Ramos indicó que la puesta en marcha de una figura como esta, implicaría la participación del Poder Judicial en el procedimiento legislativo.
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