Para identificar la interacción, procesos y coordinación de las instancias involucradas en el combate a la corrupción, así como fomentar la cultura de prevención de riesgos y gestiones públicas responsables, el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) lleva a cabo una jornada denominada "Vinculación de los Sistemas Anticorrupción y de Fiscalización con las responsabilidades de los servidores públicos".
El OFS, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Congreso local coincidieron en la necesidad de que haya un marco normativo idóneo que permita combatir los actos de corrupción de los servidores públicos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y de entidades y organismos autónomos.
En el evento inaugural de la capacitación, la titular del OFS, María Isabel Maldonado Textle, aseguró que como integrantes del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción de Tlaxcala, el órgano que encabeza tiene la encomienda constitucional de revisar y fiscalizar los recursos públicos que son manejados y aplicados por los entes fiscalizables y de particulares, así como promover, en su caso, las responsabilidades.
Acompañada del presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso local, Víctor Manuel Báez López, de la presidenta de la comisión de Finanzas y Fiscalización del Legislativo, María del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi, de la titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas, María Alejandra Nande Islas, y de Jaime Bolaños Cacho Guzmán, representante del titular de la Auditoría Superior de la Federación, David Colmenares Páramo, indicó que de acuerdo con un estudio de la Organización de Transparencia Internacional, México ocupó el índice más alto de percepción de corrupción en América Latina con el 51%, mientras que Tlaxcala con datos generados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en 2017, el 84.4% de la población percibió que los actos de corrupción fueron frecuentes.
Ante funcionarios públicos presentes y presidentes municipales, la máxima auditora en el estado reconoció que la corrupción tiene costos sociales de gran magnitud porque frena el desarrollo social y económico y, además, genera una pérdida de confianza de los ciudadanos hacia las instituciones de gobierno, y agrava la desigualdad y la injusticia.
En su oportunidad, la presidenta de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso local, María del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi, mencionó que la corrupción y la inseguridad van de la mano y que son los problemas más graves del país y del estado, ocasionados por policías mal preparados, así como por procesos de fiscalización mal diseñados o mal ejecutados y una impunidad constante y dominante, respectivamente.
Añadió que la jornada de capacitación debe ser un comienzo para escuchar el reclamo social de "cero tolerancia" y que en el caso de la fiscalización como legisladores no deben avalar márgenes que permitan la maniobra política para solventar observaciones, es decir, que por ningún motivo exista la negociación por encima de la justicia y la honestidad.
"En el Congreso local vamos a armonizar las leyes locales con las que se aprobaran próximamente en el ámbito federal para tipificar como delito grave a la corrupción... Necesitamos que a los políticos o servidores públicos y privados que manejen dinero público, y que sean encontrados culpables de corrupción se les embargan todos sus bienes y vayan a prisión sin ningún beneficio", expresó.
En su oportunidad, el representante del titular de la ASF, Jaime Bolaños Cacho Guzmán, destacó que ese organismo es el único que participa en los sistemas Nacional Anticorrupción, Nacional de Transparencia, Nacional de Fiscalización y el recientemente creado Nacional de Archivos que, dijo, son básicos para terminar con la corrupción.
Mencionó que la capacitación otorgará a los participantes conocimientos para que puedan combatir la corrupción y cumplir con el mandato constitucional de la fiscalización que -aclaró- no es otra cosa más que observar, analizar y dictar observaciones para ver si la actividad que se desarrolló en el ejercicio de los recursos públicos se ajustaron a lo que dispone la norma jurídica.
Eso sí, refirió además de analizar si existen ineficiencias o eficacias, deben comprobar que el dinero fue erogado según lo que estipulan las reglas de operación o la política pública del gobierno, es decir, si era necesario ese gasto.
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