“¿Por qué Tlaxcala echó atrás ley que prohibe plásticos?”, se pregunta Greenpeace, organización ambientalista internacional, en un artículo publicado en su página de internet.
Ahí, agrega que cada vez son más estados los que se suman a la prohibición de venta y consumo de plásticos, sin embargo, esta batalla ha sido más difícil para unos estados que para otros.
Al respecto, la ONG dijo que Tlaxcala “es un ejemplo emblemático de las dificultades que pueden enfrentar quienes promueven reformas a la ley para garantizar una vida libre de plásticos y, con ello, el derecho a habitar un ambiente sano”.
Cuestionó las observaciones que hizo el titular del Ejecutivo al Decreto como “considerar” la afectación que esto traería a más de 900 negocios vinculados directamente con el uso de plástico.
Señaló que, evidentemente, una disminución en la fabricación de plásticos de un solo uso tendrá un impacto en la economía local, sin embargo, la fabricación de desechables no es el único negocio de la industria de plástico.
“A esto se suma que, aunque 48% del plástico se usa para empaques, las bolsas solo representan el 1-3% de la producción mientras que los popotes 0.05 %.”, expresaron a través de un comunicado.
Es decir, la prohibición, en los diferentes estados, sólo afectaría directamente a quienes se dediquen 100 por ciento a fabricar productos como bolsas, popotes o unicel.
Además, mencionó que la industria tiene la responsabilidad medioambiental de reinventarse y ofrecer productos reusables, canjeables con mayor vida útil, pues de lo contrario “perecerán por los vaivenes del mercado que hoy demanda otro tipo de productos”.
REFORMAS A LA LEY INVÁLIDAS
Con mayoría de votos, el pasado 12 de marzo, los diputados locales avalaron modificaciones a la Ley de Ecología y de Protección al Medioambiente de Tlaxcala, con la finalidad de disminuir, paulatinamente, el uso de bolsas de plástico, popotes y unicel.
En sesión, se estipuló una multa equivalente en promedio de 422.45 pesos a 8 mil 449 pesos, sin embargo, el acuerdo fue invalidado por el titular del Ejecutivo. El Decreto fue devuelto a la Cámara de Diputados para su discusión y valoración.
En la serie de observaciones, el gobernador del estado, Marco Mena, pidió considerar aspectos como la verificación, vigilancia e imposición de sanciones.
- Greenpeace es una ONG ambientalista integrada por más de 3 millones de personas en 55 países, que actúan para poner fin a los abusos contra el medioambiente.
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