De manera Per Saltum, 11 diputados locales buscan echar abajo la determinación del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) que se declaró incompetente para conocer del Procedimiento Especial Sancionador que promovieron en contra de 13 de sus homólogos y cinco partidos políticos, por supuestamente haber ejercido violencia política por razones de género.
El juicio Per Saltum llegó a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), con la intención de dejar sin validez el Acuerdo CQD/PE/IYGL/CG/001/2020 emitido por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del ITE, en el que establece que no es competente para dictar medidas cautelares ante el Procedimiento Especial Sancionador que promovieron.
Con dicho recurso, los 11 legisladores locales buscaban que la autoridad impusiera medidas cautelares a los legisladores locales y dirigentes de partidos, por presuntamente violentar sus derechos políticos- electorales, tras su destitución de comisiones y cuerpos de gobierno al interior del Congreso local.
La solicitud ante la Sala Superior es “para erradicar el micromachismo que los daña”, y lo hacen de forma Per Saltum toda vez que desde el 18 de marzo pasado el Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET) suspendió el cómputo de los plazos en la sustanciación y resolución de los medios de impugnación y juicios en trámite, así como la realización de sesiones públicas, por la pandemia de Covid-19.
“Promovemos per saltum porque creemos que esta Sala Superior adoptará el mejor criterio para resolver la cuestión planteada…promover ante el TET sería como iniciar y agotar la cadena impugnativa antes de llegar a esta, y entonces los trámites que se ejecuten ante el Tribunal local, y en su caso la Sala Regional, agotarían el tiempo haciendo materialmente irreparable la violencia política que narramos en esta demanda”.
El Juicio para la Protección de los Derechos político-electorales del ciudadano (SUP-JDC-936/2020), en contra de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del ITE fue asignado a la ponencia de la magistrada Janine Otálora Malssis.
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