Legislar para garantizar los derechos de los pueblos indígenas debe hacerse con perspectiva intercultural, sostuvo Juan Carlos Silva Adaya, magistrado de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Este día, como parte del parlamento abierto para la construcción de la Reforma Electoral, el jurista dictó la conferencia "Candidaturas indígenas como instrumento para ampliar y analizar los derechos de los pueblos originarios de Tlaxcala".
En su ponencia hizo una serie de recomendaciones a los diputados locales en caso de que exista la intención de incluir a ese sector en la Reforma Electoral.
Primero, dijo que el Congreso local debe considerar el porcentaje de población indígena que hay en Tlaxcala y los tipos de pueblos que hay: náhuatl (el más numeroso) y otomí, así como determinar qué distrito o municipio puede ser considerado de ese sector.
Señaló que el presupuesto y la identificación de un sistema normativo indígena debe ser desde una perspectiva pluricultural, plurilinguistico y plurinormativo.
Destacó que para hacerlo es necesario tomar en cuenta lo establecido en tratados internacionales y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde están incluidos los derechos de ese sector, pero también las obligaciones de las autoridades y todos los aspectos que corresponden a las cuestiones institucionales, procedimentales y procesales para que sean respetados.
Por eso, abundó que una reforma electoral en materia indígena debe tener modificaciones de tipo jurídicas, político y técnicos-legislativas.
La primera, explicó, tiene que ver con un proceso legislativo, un límite temporal y con la consulta en materia indígena.
Indicó que además de una perspectiva intercultural, la legislación debe tener un pluralismo jurídico, un contexto intra, extra e intercomunitario, y que debe existir consenso y maximización de la autodeterminación de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.
Además, dijo que es necesario establecer las obligaciones de la autoridad, así como la elección del modelo de representación o gobierno indígena y la elección del Sistema de Administración de Justicia.
Con relación al tema político mencionó que la importancia de una reforma constitucional es para que haya legitimidad, con base en el contexto político y social.
Agregó que los aspectos político y técnicos-legislativos permitirán que no haya inconsistencias o contradicciones en la ley, y les pidió no generar nomenclatura novedosa o categorías que sean innecesarias.
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