/ lunes 9 de diciembre de 2019

OFS, impedido para investigar desfalcos

El ente fiscalizador carece de facultad legal para realizar los procesos de investigación

En tanto no sea aprobada la nueva ley en materia de fiscalización no pueden avanzar los procesos de investigación de las observaciones a las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2018.

Al respecto, la titular del Órgano de Fiscalización Superior (OFS), María Isabel Maldonado Textle, comentó que aún no existe una armonización de la Ley de Fiscalización Superior con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, por lo que esto los limita a continuar con las investigaciones.

María Isabel Maldonado Textle, titular del Órgano de Fiscalización Superior (OFS), señaló que hasta que no se actualice el ordenamiento no tiene autoridad para iniciar los procedimientos de investigación / Mizpah Zamora

La auditora recordó que, a partir del 18 de julio de 2017, ya no realizan los procedimientos resarcitorios; sin embargo, siguen su curso las denuncias iniciadas en contra de los entes públicos que no justificaron adecuadamente las observaciones del Congreso local por la ejecución de su presupuesto.

Informó que con relación a las cuentas públicas de 2018 reprobadas, ya presentaron algunas denuncias ante la Fiscalía Especial Anticorrupción, aunque no especificó el número de procedimientos iniciados que, dijo, son menores a una decena, expedientes que podrían incrementarse.

En el caso del ejercicio fiscal 2017, la titular del OFS comunicó que ya se presentaron todas las denuncias correspondientes, aunque detalló que por ser información reservada no podía especificar el número de procesos iniciados.

Adelantó que están por concluir con los procesos resarcitorios correspondientes a ese ejercicio fiscal, pues la norma establece como fecha límite al 18 de julio, y ya solo tienen pendientes un promedio de 15 entes.

Maldonado Textle señaló que en cuanto los legisladores aprueben estás modificaciones tendrían que hacer la contratación de personal para poder cumplir con esta obligación, situación que tendrán que valorar posteriormente.

  • Tras la reprobación de una cuenta pública, el OFS tiene que presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Anticorrupción e iniciar un proceso de investigación, acción que actualmente no pueden realizar.

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En tanto no sea aprobada la nueva ley en materia de fiscalización no pueden avanzar los procesos de investigación de las observaciones a las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2018.

Al respecto, la titular del Órgano de Fiscalización Superior (OFS), María Isabel Maldonado Textle, comentó que aún no existe una armonización de la Ley de Fiscalización Superior con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, por lo que esto los limita a continuar con las investigaciones.

María Isabel Maldonado Textle, titular del Órgano de Fiscalización Superior (OFS), señaló que hasta que no se actualice el ordenamiento no tiene autoridad para iniciar los procedimientos de investigación / Mizpah Zamora

La auditora recordó que, a partir del 18 de julio de 2017, ya no realizan los procedimientos resarcitorios; sin embargo, siguen su curso las denuncias iniciadas en contra de los entes públicos que no justificaron adecuadamente las observaciones del Congreso local por la ejecución de su presupuesto.

Informó que con relación a las cuentas públicas de 2018 reprobadas, ya presentaron algunas denuncias ante la Fiscalía Especial Anticorrupción, aunque no especificó el número de procedimientos iniciados que, dijo, son menores a una decena, expedientes que podrían incrementarse.

En el caso del ejercicio fiscal 2017, la titular del OFS comunicó que ya se presentaron todas las denuncias correspondientes, aunque detalló que por ser información reservada no podía especificar el número de procesos iniciados.

Adelantó que están por concluir con los procesos resarcitorios correspondientes a ese ejercicio fiscal, pues la norma establece como fecha límite al 18 de julio, y ya solo tienen pendientes un promedio de 15 entes.

Maldonado Textle señaló que en cuanto los legisladores aprueben estás modificaciones tendrían que hacer la contratación de personal para poder cumplir con esta obligación, situación que tendrán que valorar posteriormente.

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