A casi seis meses de que en Tlaxcala fue emitida la declaratoria de Alerta de Violencia de Género para los 60 municipios el avance es poco y nos han quedado a deber, sostuvo la directora de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddeser), Rosario Texis Zúñiga.
En entrevista, quien también forma parte del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario encargado de dar seguimiento y cumplimentar la declaratoria, indicó que hay acciones urgentes que no han sido ejecutadas o informadas, y como ejemplo dijo que no se ha hecho público si realmente toda muerte violenta de las mujeres ha sido catalogada como feminicidio, o si ya existe un banco estatal de datos que contenga esas cifras.
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Comentó que la instalación de ese grupo el octubre pasado fue quizá de las últimas acciones emprendidas, o por lo menos la más pública, al tiempo que mencionó que faltan acciones como impulsar el programa estatal contra la trata de personas que, si bien ya existe, no ha funcionado como debería.
“De ahí en fuera, de manera rápida no hay mucha claridad todavía en las acciones, ni en los indicadores y mucho menos en los medios de verificación… (el gobierno) nos ha quedado a deber porque han pasado casi seis meses y han sido muy pocos los avances, sobre todo con relación a los derechos y para combatir el feminicidio, la trata de persona y todas las formas de violencia”, indicó.
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Agregó que frente a las 82 recomendaciones hechas al estado, otro de los pendientes más importantes y urgentes es reconocer cómo es el contexto de violencia que viven niñas, adolescentes y todas las mujeres en Tlaxcala.
Y es que dijo que en el estado persiste la violencia familiar, que se agrava por el incumplimiento de las obligaciones del sistema de justicia para emitir las órdenes de protección, pues en muchos de los casos las mujeres que las solicitan primero deben interponer una denuncia, y mientras esperan de cinco a 10 horas rindiendo su declaración, acompañadas de sus hijos e hijas sin que se les garantice la protección y el cuidado.
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A eso sumó la violencia equiparada y el abuso sexual que el año pasado fueron en aumento, eso según los datos Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; así como la falta de datos en el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, que debe ser nutrido por los municipios con los datos de la atención que brindan.
“También está la cuestión de las desapariciones, pues los mecanismos para revisar la situación de niñas y adolescentes en la solicitud de Alerta Amber y Alerta Alba siguen siendo lentas, y tampoco hay un informe que diga realmente qué pasó, cuál es la continuidad del caso o por lo menos que dé los datos oficiales que se tengan”, opinó.
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Al aceptar que sí hay avances en el ámbito legislativo y en el de procuración de justicia, lamentó que en la práctica no sido consolidado y que por eso, como parte de la academia, fue solicitado que frente a la omisión hubiera castigo, pero hasta el momento tampoco existe avance al respecto.
“Por otro lado la cuestión de la investigación y la sanción a la violación de derechos humanos ha quedado corta, y ni hablemos de la reparación del daño porque nosotros hemos pedido como grupo de trabajo revisar qué ha pasado y en ese aspecto todavía no hay datos oficiales”, añadió.
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Finalmente, habló de la falta de estrategias de capacitación a personal que atiende víctimas y operativo que labora en los institutos y en las instancias de las mujeres, pues mencionó que el año pasado quedó parada por falta de recurso económico.
EL APUNTE
Otro de los pendientes más importantes y urgentes es reconocer cómo es el contexto de violencia que viven niñas, adolescentes y todas las mujeres en Tlaxcala.
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