Con 24 votos a favor y uno en contra, el Pleno del Congreso del Estado aprobó reformas y adiciones a la Constitución Política local para que ciudadanos no nacidos en Tlaxcala, pero que cuenten con una residencia mínima de tres años, puedan ocupar la titularidad de la Secretaría de Gobierno.
Además, el dictamen aprobado por los legisladores también contempla modificar los plazos de entrega del informe anual del Ejecutivo estatal; otorgar un haber de retiro para los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, el de Conciliación y Arbitraje y demás tribunales estatales, así como evitar que puedan ejercer actos de representación legal o litigio en temas relacionados a su función.
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De igual forma, los diputados aprobaron la creación de un órgano de control interno en el Órgano de Fiscalización Superior, el cual será designado por el voto de las dos terceras partes del Pleno, a propuesta de la Junta de Coordinación y Concertación Política.
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En su momento, el diputado Miguel Ángel Caballero Yonca, quien presentó la propuesta, aseveró que la anterior disposición contemplaba requisitos definidos en un momento y circunstancia histórica diferente a la actual, amén que los requisitos que implican ser originario o nativo de un lugar específico para acceder a un cargo en el ejercicio público, limita de manera injustificada y desproporcionada el derecho de otras personas a ocupar ese cargo público, vulnerando el principio de igualdad de derechos ante la ley.
Asimismo, el dictamen subraya que ningún magistrado puede durar en su cargo un periodo mayor a 12 años, pues podrán ser reelectos por un periodo similar, pero con la aprobación de las dos terceras partes del total de diputados que integren la Legislatura.
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Por otro lado, con la aprobación del dictamen modificaron los tiempos en que la persona titular del Poder Ejecutivo presente su informe anual de actividades ante el Legislativo y que, además, sea no solo físico, sino digital, para lo cual planteó que sea entregado en los primeros cinco días de diciembre, tal y como lo prevé la actual normativa y, en su último año de administración, será también en los primeros cinco días de agosto.
VALIDACIÓN
Para validar dicha reforma Constitucional, los municipios deberán aprobarla en sesión de Cabildo, al menos el 50 % más uno, para que sea un hecho.
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