Para combatir la corrupción en todas sus modalidades a partir de la asignación de obra en los municipios y el estado, el diputado presidente de la Comisión de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, Jaciel González Herrera propuso modificaciones a diversos artículos de las leyes en materia.
En la sesión ordinaria de este martes, el legislador local presentó la iniciativa con carácter de proyecto de decreto para la reforma, adición y derogación de diversas disposiciones de la Ley de obras públicas para el estado de Tlaxcala y sus municipios y de la Ley de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano.
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Justificó que las modificaciones pretenden estandarizar las normas legales que den certeza y entendimiento del sistema jurídico en materia de obra pública, sus servicios y el ordenamiento territorial, además de la armonización con la entrada en vigor de la Ley orgánica de la administración pública y el Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027.
Entre otras cosas, dijo que las modificaciones pretenden eliminar los llamados “diezmos”, las asignaciones directas, la adjudicación de obras por compadrazgos o familiaridad, la intervención de la Oficialía Mayor de Gobierno para la revisión de contratos, la eliminación de obras de mala calidad y que la infraestructura no afecte el equilibrio ecológico.
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En el Día del albañil, el legislador refirió desde Tribuna que una vez avaladas y publicadas las modificaciones, los servidores públicos y empresas podrán hacerse acreedores a “penas convencionales” por atraso injustificado en la ejecución de obra pública.
Agregó que la oficialía y los gobiernos municipales, deben abstenerse de celebrar contratos con aquellos que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público o sociedades donde sean miembros.
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Además, prohíbe que el contratista se desmarque de una obra y se la adjudique a un tercero, que se presenten pagos adelantados por obras previstas, aunque emplazaría a los municipios o el estado para que paguen o liquide en un máximo de diez días naturales, cuando la obra sea ejecutada y entregada.
La reforma también obligaría a los contratistas a devolver los importes pagados en exceso más intereses, si se le comprobara que recibió pagos en exceso o que sus costos fueron deliberadamente “inflados”.
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