/ martes 7 de mayo de 2019

Proponen regular transporte privado

La iniciativa se turnó a las comisiones de Economía y de Estudios Legislativos para su análisis. 

Con la finalidad de brindar mayor seguridad, certeza jurídica y protección a los derechos de los usuarios de servicios de transporte privado contratado a través de las plataformas digitales, la senadora Minerva Hernández Ramos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, propuso su regulación.

La también secretaria de la Comisión de Hacienda y Crédito Público planteó modificar la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Señaló que si bien es cierto que este tipo de empresas contribuye a resolver una serie de problemas que enfrentan las autoridades en su objetivo de garantizar un servicio de transporte individual eficiente, seguro y de calidad, también se han enfrentado problemas relacionados con la seguridad de los usuarios y con transgresiones a los derechos de los consumidores.

Se ha observado que las empresas que emplean plataformas electrónicas para transporte privado de personas han incurrido en diversas transgresiones a los derechos de los usuarios, por lo que es urgente su regulación con la finalidad de dar certeza y seguridad jurídica a los proveedores y consumidores, indicó.

Bajo estas circunstancias, la senadora integrante de la Comisión de Economía propuso el registro obligatorio del contrato de adhesión y de las empresas que presten dicho servicio, el cual será actualizado bimestralmente ante la Procuraduría Federal del Consumidor.

Además, pretende que la empresa se haga responsable ante cualquier reclamación o daño causado por el operador del servicio, para evitar exonerar a estas empresas de cualquier responsabilidad derivada del servicio de transporte, ya sea civil o penal.

Sostuvo que con estos cambios se podrá conocer la identidad del conductor y los datos del vehículo previo al abordaje; eliminar cobros indebidos; desglosar y transparentar la tarifa, y evaluar a choferes y pasajeros.

Hernández Ramos recordó que desde 2013 Uber y Cabify, en particular, iniciaron operaciones en México y han crecido de manera acelerada, ofreciendo el servicio de transporte particular a consumidores que tenían necesidades de movilidad no satisfechas, y que podían acceder a una tarjeta de crédito y a un teléfono móvil.

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Señaló que si bien es cierto que este tipo de empresas contribuye a resolver una serie de problemas que enfrentan las autoridades en su objetivo de garantizar un servicio de transporte individual eficiente, seguro y de calidad, también se han enfrentado problemas relacionados con la seguridad de los usuarios y con transgresiones a los derechos de los consumidores.

Se ha observado que las empresas que emplean plataformas electrónicas para transporte privado de personas han incurrido en diversas transgresiones a los derechos de los usuarios, por lo que es urgente su regulación con la finalidad de dar certeza y seguridad jurídica a los proveedores y consumidores, indicó.

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