A más de un año de haber constituido la Comisión Especial que conoció de la solicitud y analizó la procedencia o improcedencia de la acción reclamada por la exmagistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Leticia Ramos Cuautle, el Congreso del Estado declaró improcedente su solicitud de indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado.
Lo anterior, después de haber sido depuesta del cargo en octubre de 2018, pues el jurista Fernando Bernal Salazar ganó un largo litigio, el cual ordenó al Congreso local restituirlo en esa magistratura que, en ese momento, ocupó Ramos Cuautle.
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Así, por unanimidad de votos, los congresistas declararon improcedente lo señalado por la jurista como actividad administrativa irregular, la aprobación por parte de la LXIII Legislatura del Congreso del acuerdo fechado el 19 de octubre de 2018, mediante el cual fue ratificado en el cargo el magistrado Fernando Bernal Salazar, el cual dejó sin efecto la designación de Ramos Cuautle en dicho cargo.
Incluso, la exmagistrada solicitó en su demanda el pago de los salarios, prestaciones y contar con su haber de retiro, pues es un derecho al cual los magistrados tienen acceso por los casos que sean, es decir, la conclusión de su cargo o su remoción por cualquier causa, tal y como fue hecho con la jurista Elsa Cordero Martínez, con quien acusó un trato diferenciado.
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Asimismo, acusó haber sido privada del ejercicio de su labor y de su carrera judicial, además de haber sufrido, a su parecer, violencia de género, toda vez que fue removida del cargo para que un hombre fuera colocado en el mismo.
El Congreso archivó el expediente como asunto totalmente concluido.
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