/ miércoles 12 de diciembre de 2018

Regresan a ediles el voto en cabildo

Establecen candados para que entreguen a tiempo sus cuentas públicas y para que no se asignen salarios onerosos

Con candados y algunos condicionamientos, los diputados de la LXIII Legislatura local devolvieron ahora sí, en definitiva, el voto al seno del Cabildo a los más de 400 presidentes de comunidad de Tlaxcala, quienes podrán ejercer esa prerrogativa a partir de 2019.

En medio de controversias, los congresistas aprobaron ayer con 19 votos a favor (cuatro en contra), en lo general y en lo particular, la iniciativa con proyecto de Decreto por el que reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley Municipal.

Los diputados del Partido Movimiento Regeneración Nacional y los que conformaron la coalición “Juntos Haremos Historia” avalaron la reforma al párrafo primero del artículo primero transitorio del Decreto número 149 y abrogaron el decreto del pasado 16 de agosto del año en curso.

La lectura quedó a cargo del presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política (JCCP), Víctor Manuel Báez López, quien aseveró que tras varios análisis observaron que la modificación no atenta al principio de retroactividad.

Por otro lado, puntualizó que habrá condicionantes como la suspensión de los ediles si incumplen con la presentación de la cuenta pública de la comunidad por dos o más ocasiones consecutivas o por incurrir en faltas graves a juicio del Congreso local.

De igual forma, los legisladores les negaron el aumento indiscriminado de las retribuciones a las que tienen derecho, pues solo podrán variarse anualmente -entre los meses de enero y marzo-, pero no deberán superar al porcentaje inflacionario.

Una vez concluida la primera lectura, iniciaron las confrontaciones, pues la diputada María Isabel Casas Meneses, representante del Partido Movimiento Ciudadano, pidió suspender la votación y que turnaran copia del proyecto para que lo conocieran y analizaran a fondo, toda vez que había sufrido modificaciones, respecto a lo que habían presentado las comisiones unidas en la JCCP.

Sin embargo, el petista Víctor Castro López propuso que continuara la votación en Pleno, pues fue una demanda sentida de los ediles a quienes, antes, los tachó de “flojos” y mercenarios al vender su sufragio para votar en pro o en contra de ciertas determinaciones en el Cabildo y por pretender sueldos onerosos, cuando la población pide austeridad.

En tanto, el panista Omar López Avendaño y la priista Zonia Montiel Candaneda coincidieron en que fue violado el proceso legislativo e impusieron la voluntad morenista a través de su mayoría legislativa y que, a la postre, lo cobrarán a los ediles, pues los ven como un botín político.

A su vez, el perredista, Miguel Ángel Covarrubias Cervantes defendió la aprobación del Decreto planteado por la bancada morenista, pues aseguró que esa fue una promesa legislativa prevista en su Agenda Legislativa, además argumentó que quienes resultarán beneficiados son los ciudadanos. Le secundó José Luis Garrido Cruz, del extinto partido Encuentro Social.

En la votación resultó sorpresivo que la diputada Leticia Hernández Pérez, quien integra la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional y cuyo coordinador votó en contra, decidiera sufragar a favor.

DECRETO DIVIDE OPINIONES DE EXCONGRESISTAS

A todo esto, el priista Martin Rivera Barrios, quien fue uno de los exdiputados que en su momento aprobó quitar ese derecho a los ediles, señaló que tenían claro “del por qué decidimos aplazar el voto hasta 2021, pues en el Cabildo los presidentes condicionan los intereses del presupuesto y aumentan sus emolumentos, así que espero que con esta determinación no se desencadene desestabilidad social en las comunas”.

Mientras que el priista Arnulfo Arévalo Lara comentó que “la determinación que tomamos para que la ley iniciara en 2021 fue porque de aplicarse de forma inmediata se atentaría al principio de retroactividad como sucedió con la reelección”.

Por su lado, el perredista Cesar Fredy Cuatecontzi Cuahutle puntualizó que “me da gusto que hayan regresado el voto para 2019, pues a pesar de las quejas de los presidentes municipales de que a algunos los mayoritean, creo que todo depende de ellos para que ejerzan trabajo político”.

Luego, el panista Juan Carlos Sánchez García dijo “yo siempre estuve a favor de regresarles el voto a los presidentes de comunidad, pues son ellos los que tienen el contacto directo con la gente, mucho más que el alcalde y representan el equilibrio en el Cabildo. Es una postura personal, mas no del partido”.

En tanto que el panista Ángelo Gutiérrez Hernández, congresista de la LXI legislatura, sostuvo que “quienes tendrán la última palabra son los alcaldes, pues deben valorar si desde que se eliminó el voto se dio una mejor gobernabilidad al interior de sus Ayuntamientos, además la propuesta surgió como una idea de los propios alcaldes y los Cabildos, así que ellos serán los mejores juzgadores”.

ANTECEDENTE
  • La eliminación del voto a los presidentes de comunidad fue aprobada el pasado 15 de octubre de 2015, por la LXI Legislatura, posteriormente la LXII lo devolvió, pero hasta 2021 y la actual determinó que empiecen a ejercer el derecho en 19 días.

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En medio de controversias, los congresistas aprobaron ayer con 19 votos a favor (cuatro en contra), en lo general y en lo particular, la iniciativa con proyecto de Decreto por el que reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley Municipal.

Los diputados del Partido Movimiento Regeneración Nacional y los que conformaron la coalición “Juntos Haremos Historia” avalaron la reforma al párrafo primero del artículo primero transitorio del Decreto número 149 y abrogaron el decreto del pasado 16 de agosto del año en curso.

La lectura quedó a cargo del presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política (JCCP), Víctor Manuel Báez López, quien aseveró que tras varios análisis observaron que la modificación no atenta al principio de retroactividad.

Por otro lado, puntualizó que habrá condicionantes como la suspensión de los ediles si incumplen con la presentación de la cuenta pública de la comunidad por dos o más ocasiones consecutivas o por incurrir en faltas graves a juicio del Congreso local.

De igual forma, los legisladores les negaron el aumento indiscriminado de las retribuciones a las que tienen derecho, pues solo podrán variarse anualmente -entre los meses de enero y marzo-, pero no deberán superar al porcentaje inflacionario.

Una vez concluida la primera lectura, iniciaron las confrontaciones, pues la diputada María Isabel Casas Meneses, representante del Partido Movimiento Ciudadano, pidió suspender la votación y que turnaran copia del proyecto para que lo conocieran y analizaran a fondo, toda vez que había sufrido modificaciones, respecto a lo que habían presentado las comisiones unidas en la JCCP.

Sin embargo, el petista Víctor Castro López propuso que continuara la votación en Pleno, pues fue una demanda sentida de los ediles a quienes, antes, los tachó de “flojos” y mercenarios al vender su sufragio para votar en pro o en contra de ciertas determinaciones en el Cabildo y por pretender sueldos onerosos, cuando la población pide austeridad.

En tanto, el panista Omar López Avendaño y la priista Zonia Montiel Candaneda coincidieron en que fue violado el proceso legislativo e impusieron la voluntad morenista a través de su mayoría legislativa y que, a la postre, lo cobrarán a los ediles, pues los ven como un botín político.

A su vez, el perredista, Miguel Ángel Covarrubias Cervantes defendió la aprobación del Decreto planteado por la bancada morenista, pues aseguró que esa fue una promesa legislativa prevista en su Agenda Legislativa, además argumentó que quienes resultarán beneficiados son los ciudadanos. Le secundó José Luis Garrido Cruz, del extinto partido Encuentro Social.

En la votación resultó sorpresivo que la diputada Leticia Hernández Pérez, quien integra la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional y cuyo coordinador votó en contra, decidiera sufragar a favor.

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A todo esto, el priista Martin Rivera Barrios, quien fue uno de los exdiputados que en su momento aprobó quitar ese derecho a los ediles, señaló que tenían claro “del por qué decidimos aplazar el voto hasta 2021, pues en el Cabildo los presidentes condicionan los intereses del presupuesto y aumentan sus emolumentos, así que espero que con esta determinación no se desencadene desestabilidad social en las comunas”.

Mientras que el priista Arnulfo Arévalo Lara comentó que “la determinación que tomamos para que la ley iniciara en 2021 fue porque de aplicarse de forma inmediata se atentaría al principio de retroactividad como sucedió con la reelección”.

Por su lado, el perredista Cesar Fredy Cuatecontzi Cuahutle puntualizó que “me da gusto que hayan regresado el voto para 2019, pues a pesar de las quejas de los presidentes municipales de que a algunos los mayoritean, creo que todo depende de ellos para que ejerzan trabajo político”.

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