En apenas cuatro días, 34 de los 60 ayuntamientos del estado sesionaron para aprobar en sus respectivos cabildos el decreto 247, emitido por el Congreso del Estado, que contempla cambios a la Constitución Política del Estado referente a los requisitos para ser titular de la Secretaría de Gobierno.
Con este aval, personas no nacidas en la entidad podrán ser nombrados como secretario de Gobierno, siempre y cuando cumpla con al menos tres años de residencia o vecindad en el estado.
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De esta forma, los ayuntamientos que remitieron su acta en tiempo y forma fueron: Atlangatepec, Atltzayanca, Calpulalpan, Cuapiaxtla, Chiautempan, Muñoz de Domingo Arenas, Huamantla, Hueyotlipan, Ixtacuixtla, Ixtenco, Tepetitla de Lardizábal, Sanctórum, Nanacamilpa, Acuamanala, Nativitas, Panotla, Santa Cruz Tlaxcala, Teolocholco, Tepeyanco, Tetla, Tetlatlahuca, Tocatlán, Totolac, Zitlaltepec, Tzompantepec, Xaloztoc, Xaltocan, Papalotla, Ayometla, Emiliano Zapata, Lázaro Cárdenas, Zacualpan, Tecopilco y Santa Ana Nopalucan.
Por el contrario, quienes no remitieron dicha acta, por lo cual se da por aceptada, fueron Amaxac, Apetatitlán, Apizaco, Benito Juárez, Contla, Cuaxomulco, Tequexquitla, Españita, Tlaltelulco, Mazatecochco, Texoloc, Tetlanohcan, Teacacalco, Huactzinco, Axocomanitla, San Pablo del Monte, Santa Apolonia Teacalco, Santa Cruz Quilehtla, Xiloxoxtla, Tenancingo, Terrenate, Tlaxcala, Tlaxco, Xicohtzinco, Yauhquemehcan y Zacatelco.
La reforma constitucional planteada a mediados de octubre de 2023 por el legislador Miguel Ángel Caballero Yonca, ha sido traducida como una allanamiento al camino para que Luis Antonio Ramírez Hernández, actual secretario de Medio Ambiente, ocupe la titularidad de la Secretaría de Gobernación, en sustitución de Sergio González Hernández, quien ayer dimitió en el cargo.
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ESTABLECEN HABER DE RETIRO PARA MAGISTRADOS ESTATALES
La reforma constitucional aprobada por legisladores también establece, de paso, un haber de retiro para magistrados de tribunales estatales, así como para reconocer la autonomía del Tribunal de Justicia Administrativa y dotar de certeza jurídica a organismos y entidades paraestatales.
Aunado a lo anterior, también fueron modificados los tiempos de entrega del informe anual de actividades del Ejecutivo estatal; es decir, que sea entregado en los primeros cinco días de diciembre, tal y como lo prevé la actual normativa y, en su último año de administración, será también en los primeros cinco días de agosto, además de que será también digital y no solo físico.
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Asimismo, el dictamen subraya que ningún magistrado podrá durar en su cargo un periodo mayor a 12 años, aunque podrán ser reelectos por un periodo similar, pero con la aprobación de las dos terceras partes del total de diputados que integren la Legislatura.
- Al momento de ser publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado este decreto entrará en vigor.