Ante la falta de mecanismos concretos de los diversos niveles de gobierno, la violencia sexual hacia las mujeres de Tlaxcala mantiene un índice que cada día va a la alza al convertirse en un problema que se ha invisibilizado, reveló este día el colectivo Mujer y Utopía.
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Al presentar los resultados del Diagnóstico sobre Violencia Sexual hacia las Mujeres en el Estado de Tlaxcala, Edith Méndez Ahuactzi, coordinadora del proyecto, manifestó que es necesaria la incorporación y vinculación de acciones específicas por parte de los servicios públicos de salud, educación y justicia, como por ejemplo: intervenciones diferenciadas para la prevención, detección y tratamiento de la violencia de género y de violencia sexual específicamente, así como de sus efectos.
El estudio considera que en materia de salud pública las estrategias nacionales deben incorporar la disponibilidad y el acceso a servicios integrales que incluyan servicios de interrupción de embarazo por parte de personal de salud capacitado, como una medida para proteger el interés superior de menores de edad.
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Aunado a ello, asegurar la implementación de procesos como el tamizaje de abuso sexual, coerción o violencia sexual, así como la capacitación del personal de salud para reconocer signos y síntomas que indiquen relaciones abusivas en las menores.
“Dado que las legislaciones locales de todo el país establecen que tales relaciones se consideran violaciones aun cuando no haya obrado la violencia física. En consecuencia, los embarazos que resulten pueden ser interrumpidos si así lo solicita la víctima, inclusive sin que medie una denuncia o una autorización del ramo judicial”, explicó Edith Méndez, quien estuvo acompañada de la investigadora Diana Morales Papalotzi.
Ante el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Víctor Cid del Prado, entre otros invitados y representantes de colectivos y asociaciones civiles, la representante del colectivo Mujer y Utopía sentenció que en Tlaxcala hace falta una adecuada aplicación de protocolos de servicios integrales de salud sexual y reproductiva en el primer nivel de atención, sensibles al género y adaptados para las niñas y adolescentes que requieran este servicio.
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“El papel de la Comisión Estatal de Derechos Humanos debe ser un ente de observancia, activo, sensible ante la problemática y contundente ante la opacidad y omisión de las instituciones encargadas de garantizar una vida libre de violencia sexual a niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres adultas del estado”, sentenció el colectivo que deja a consulta el estudio completo para los ciudadanos interesados en conocer sus detalles.
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