El presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, Jesús Rolando Pérez Saavedra, rechazó categórico que el Legislativo se entrometa en la administración de los entes públicos y no respete la división de Poderes,
o que pretendamos someterlos como lo afirmó el mandatario Marco Antonio Mena Rodríguez en las observaciones que hizo a la Ley de Austeridad y al Código Financiero
Es más, ofreció que están en la disposición de hacer las modificaciones necesarias para que no incurran en duplicidad de leyes.
En entrevista, el emanado del Partido Movimiento Regeneración Nacional, detalló que someterán las observaciones al proceso legislativo y habrán de devolverlo en un periodo no mayor a ocho días hábiles,
para esperar su publicación o veto, pues solo se devuelve una vez
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Aseveró que solo han recibido las observaciones a la ley, no así al presupuesto 2019, pero una vez que lo tengan podrán hacer los ajustes correspondientes,
pues somos respetuosos y buscamos siempre trabajar de forma coordinada, ya que es un tema de gobernabilidad
Agregó que analizarán si caen en errores y
por supuesto que debemos corregirlos, pero dependerá del análisis. Nosotros tenemos la voluntad, lo mismo que el Ejecutivo, hemos sido respetuosos entre Poderes y así nos vamos a seguir conduciendo
NOS IMPIDE TOMAR DECISIONES: EJECUTIVO
En su documento de observaciones, el gobierno del estado considera que, con la Ley de Austeridad, el Legislativo pretende subordinan a todos los entes del Estado,
puesto que les impide tomar decisiones en última instancia, relativas a la contratación de servicios, adquisición de bienes y gastos que puedan ser necesarios para cumplir con sus atribuciones, además vulnera el principio de división de Poderes
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El desglose de las observaciones presentadas, y de las cuales ese Diario posee una copia, establece que las normas descritas advierten una franca vulneración al artículo 49 de la Constitución Federal y el artículo 30 de la Estatal.
El Legislativo interfiere de modo desproporcionado en las actividades de los otros entes públicos, con lo cual impide que tomen decisiones o actúen de manera Autónoma, lo cual se traduce en una indebida intromisión
, señala el documento.
Por ejemplo, el artículo 17 señala que el Congreso debe aprobar el catálogo único de productos y servicios y obliga a los entes públicos a presentar una propuesta semestralmente.
Por lo que en aras de no generar afectaciones al correcto ejercicio de la actividad de gobierno, los insta a evaluar la redacción del ordenamiento, pero para no inferir en otras esferas de poder pide que las normas 5, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13, 17, 19, 23, 28, 29, 30, 32, 34, 39 y 41, sean “eliminadas o modificadas”.
Considera importante derogar el artículo 33 que señala que los entes deben remitir al Congreso, para su validación, un informe de sus precios unitarios por concepto de trabajo no previstos en el catálogo de precios unitarios, pues es competencia del Ejecutivo.
El gobierno estatal también asevera que el articulo ocho obliga a los servidores públicos a que reciban atención medica en unidades públicas, pero prevé carga importante por el número de derechohabientes que se incluirían,
por lo que la disposición deja de atender el principio de proporcionalidad y por lo mismo se convertiría en una carga de imposible cumplimiento inmediato
Por ello, exhorta al Congreso a que tome en consideración que cada dependencia también pronostica sus propios órganos de control de recursos, así que
basta con establecer pautas genéricas y no así la forma en la que se deben de usar los recursos económicos
El documento precisa que los viáticos internacionales quedan limitados a cinco días, pero regularmente duran más, por lo que es necesario que valoren el término.
En cuanto hace a las observaciones al decreto 78, por el cual se reforman diversas disposiciones del Código Financiero, el gobierno local refiere que el artículo 299 debe dejarse sin efecto, toda vez que los recursos federales excedentes representan el desarrollo económico de Tlaxcala.
De publicar la modificación en el Periódico Oficial, advierte que
la consecuencia inmediata de excluirlo sería que el Poder Legislativo y el Judicial vean incrementado seriamente su porcentaje de distribución porque los recursos excedentes se verían igualmente incrementados sin justificación
- Los diputados locales deben analizar las modificaciones al Código, toda vez que la reducción del 10 al 4 % es, según el Ejecutivo, desproporcionado e invadiría facultades reservadas a la federación.
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