Urge en México nombramiento de físcales electorales, dice Santiago Nieto, extitular de la Fepade

En su visita a Tlaxcala para dictar la conferencia “Corrupción y elecciones” en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, Santiago Nieto Castillo, extitular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) consideró como urgente el nombramiento de los fiscales electorales en la totalidad de los estados. Tlaxcala es una entidad donde no existe esa figura.

En entrevista, explicó que las fiscalías electorales que deben existir en las entidades federativas tienen la tarea de coadyuvar con las Procuradurías de Justicia de los Estados para combatir los diversos tipos de delitos electorales.

Sustuvo que esa participación en conjunto es relevante en este año que en el país se llevará a cabo un proceso electoral para elegir al presidente de la República, y la realización de 30 elecciones concurrentes para renovar ocho gobernaturas y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México.

Es por eso que, dijo, urge el nombramiento de los fiscales electorales en por lo menos 10 estados y reforzar las fiscalías en las entidades donde ya existe.

"Porque combatir los delitos electorales es una batalla que la Fepade no va a ganar sola, necesita que todas las Procuradurías y las Fiscalías de los estados se aglutinen", comentó.

Luego, indicó que el objetivo de la Fepade, como fiscalía autónoma, es perseguir los delitos electorales, pero que es necesario fortalecerla de manera gradual y que Héctor Díaz-Santanae, titular de la Fepade, es una persona prudente y profesional para ocupar el cargo.

Además, opinó que es necesario generar en México un nuevo modelo de Sistema Anticipación, en el que el Comité de Participación Ciudadana tenga mayores facultades incluso para investigar casos sin necesidad de que las autoridades deban ejecutarlas antes.

En ese sentido, consideró que el Sistema requiere una transformación profunda de diseño y arquitectura Institucional, pero, sobre todo, fe la pronta designación del fiscal anticorrupción, aunado a la transición de la Procuraduría General de la República a una fiscalía autónoma que no sea usado como botín político.