El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, dejó en suspenso la discusión y votación para declarar la inconstitucionalidad o no de la prisión preventiva oficiosa, aunque en la sesión ordinaria de ayer cuatro de los 11 ministros perfilaron mantener esa figura en la Constitución.
Para declarar la invalidez o la permanencia en la Constitución de la prisión preventiva oficiosa son necesarios ocho votos de los 11 ministros que conforman el máximo tribunal.
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Aun si los siete ministros que restan por fijar su posicionamiento y el sentido de su voto manifiestan en la sesión de hoy declarar la inconstitucionalidad de este precepto, no les alcanzaría para avalar el proyecto del ministro Luis María Aguilar Morales.
Con una hora de retraso y en medio de nuevos señalamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a que los ministros “no tienen amor al pueblo”, Arturo Zaldívar –quien calificó de “histórica” esta discusión– levantó la sesión ordinaria y citó a los ministros a continuar con la discusión de este asunto para este martes.
Hasta el cierre de la sesión de este lunes, cuatro de los 11 ministros que integran el máximo órgano de justicia electoral del país adelantaron que su voto será en contra del proyecto del ministro Aguilar Morales, que plantea eliminar la prisión preventiva oficiosa.
Los ministros que anunciaron que irán en contra de este proyecto son Alberto Pérez Dayán, Loretta Ortiz Ahlf, Yasmín Esquivel Mossa y Juan Luis González Alcántara.
En la presentación del proyecto, que plantea declarar la invalidez de esta figura, el ministro Luis María Aguilar señaló que “la prisión preventiva oficiosa es contraria a los derechos humanos y, para armonizar, es necesario optar por la protección de derechos y libertades".
Argumentó que en México 92 mil personas están detenidas de manera preventiva y aseguró que esto “representa un abuso y sencillamente es pernicioso”.
En cambio, Juan Luis González Alcántara consideró que cambiar esta norma es facultad del Poder Legislativo, por lo que hizo un exhorto al Congreso de la Unión para modificar la norma.
Por su parte, el ministro Alberto Pérez Dayán también rechazó el proyecto, aunque puntualizó que pedirá la invalidación de la prisión preventiva oficiosa sólo para delitos fiscales.
No me corresponde asumir una tarea que no se me asignó, no soy quien para desprender hojas de la Constitución externó el ministro Alberto Pérez Dayán
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Asimismo, argumentó que en las contradicciones entre tratados internacionales firmados por México y la Constitución, “debe prevalecer la Constitución”.
La ministra Yasmín Esquivel coincidió en que “los ministros no somos responsables de redactar o reformar la Constitución” ya que únicamente la Corte está facultada para interpretar las leyes incluidas en la Carta Magna.
Aunque ella, a diferencia de los otros ministros que fijaron su posicionamiento, sí defendió el uso de la prisión preventiva oficiosa ya que su eliminación podría incrementar la inseguridad e ir en contra de los derechos humanos de las víctimas de delitos. “Hay que hacerle justicia a las miles de víctimas”, indicó.
La ministra recordó, incluso, que quienes impugnaron esta reforma, “no pidieron eliminar la prisión preventiva oficiosa”.
En su oportunidad, la ministra Loretta Ortiz Ahlf mencionó que es al Poder Legislativo al que corresponde modificar la Constitución, no a la Suprema Corte.
“Cuando está en conflicto una norma federal frente a la Constitución y que están contradiciéndose, prima la Constitución; igual en el caso de un tratado, si está en conflicto y si son contradictorios un Tratado internacional con la Constitución, prima la Constitución, no el Tratado internacional.
“A mi parecer, la inaplicación de una norma constitucional por parte del Poder Judicial de la Federación es una cuestión sumamente delicada que incluso nos llevaría a cuestionarnos el principio de división de poderes y los principios democráticos del Estado mexicano”, argumentó Ortiz Ahlf.
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