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El próximo lunes la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría avalar las reformas a la Ley de Hidrocarburos aprobadas en el Poder Legislativo en 2021.
El proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán propone dar el visto bueno a esta reforma impulsada por Morena y negar la acción de inconstitucionalidad promovida por bancadas de oposición del Congreso de la Unión y el Senado de la República.
Esta reforma propone intensificar los requisitos necesarios para que las empresas privadas puedan obtener y mantener permisos en el sector energético.
Desde su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en 2021, las modificaciones a la Ley de Hidrocarburos provocaron múltiples amparos promovidos ante el Poder Judicial por parte de empresas del sector privado que se consideran afectadas por las medidas.
Sin embargo, tribunales y juzgados negaron los recursos de impugnación dado que, consideraron, la entrada en vigor de la reforma no causa perjuicios por sí sola; sino que se requieren actos de las autoridades para poder impugnar.
La acción de inconstitucionalidad promovida por la oposición política argumenta que la posibilidad de suspender permisos es una disposición que viola preceptos fundamentales de la Constitución Mexicana.
La propuesta de Pérez Dayán, si es avalada por la SCJN, permitiría la revocación de todos aquellos permisos que no cumplan con los requisitos establecidos en la ley, consolidando así el marco normativo que busca el gobierno para regular más estrechamente la participación privada en el ámbito de los hidrocarburos.
“La presente iniciativa tiene como objetivo fortalecer los procedimientos sancionadores y erradicar las conductas y hechos delictivos en materia de hidrocarburos que afectan la economía de las familias mexicanas, razón por la cual se considera pertinente robustecer el marco normativo para elevar las sanciones en caso de reincidencia”, expone la reforma propuesta desde el ejecutivo en 2021.
Otros pendientes de la SCJN
En la lista oficial de La Corte se encuentra también la acción de inconstitucionalidad impulsada por la oposición política del Senado de la República ante la extinción de 109 fideicomisos a través de la modificación de 17 leyes la eliminación de dos más en temas de salud, deporte, ciencia, tecnología, medio ambiente, protección civil, cultura y cinematografía; ello, con el fin de comprar vacunas contra el Covid-19.
El proyecto, enlistado desde diciembre de 2023, corre a cargo del ministro Gutiérrez Ortíz Mena, aunque aún no se conoce la versión pública del proyecto ni la postura de Ortíz Mena ante la impugnación de la oposición política.
La decisión de la eliminación de estos fondos económicos se dio el 21 de octubre de 2020 en la cámara de senadores, con una votación de 64 legisladores a favor y 39 en contra. Dicho decreto entró en vigor el 7 de noviembre de ese año, un día después de que se publicará en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
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Además de este tema, el Pleno de la SCJN mantiene hasta abajo de la lista tres temas referentes a la discusión de la prisión preventiva oficiosa, incluída la sentencia de un Tribunal Internacional que indica que en México debe eliminarse esta disposición dado que, se consideró, vulnera los derechos humanos.
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