La administración del presidente Andrés Manuel López Obrador no ha dado un cumplimiento cabal a ninguna de las 17 recomendaciones recibidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en materia de libertad de expresión y protección a comunicadores y activistas, expone el órgano internacional.
En su Informe Anual 2021, donde da seguimiento a la situación de los derechos humanos en el continente, la CIDH reconoció que si bien ha habido un avance en el cumplimiento de las recomendaciones que ha emitido al Estado mexicano, aún persisten desafíos en cuanto a la protección de personas defensoras y periodistas.
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Desde diciembre de 2018 hasta septiembre de 2021, la Secretaría de Gobernación informó que la cifra de periodistas y defensores de derechos humanos asesinados ascendía a 47 y 94, respectivamente. En lo que va de 2022, al menos nueve periodistas han sido ultimados.
No obstante, aunque el asesinato es la forma más extrema de censurar la libertad de expresión, la CIDH ha observado también una escalada de amenazas, hostigamientos, intimidaciones, estigmatización y vigilancia de comunicaciones, alentadas, en parte, por las descalificaciones de las autoridades.
"El contexto hostil para el ejercicio del periodismo se habría intensificado en el último tiempo debido a señalamientos estigmatizantes provenientes de las altas esferas gubernamentales, que tiene el potencial de incentivar ataques en contra de las y los periodistas, tanto en el ámbito físico como digital, e incrementar la situación de vulnerabilidad y riesgo en la que muchas personas comunicadoras se encuentran", advierte.
Ejemplo de ello, dice, es la sección “Quién es quién en las mentiras” de su conferencia matutina diaria que, pese a ser un ejercicio legítimo, recomienda no estigmatizar y desacreditar a los periodistas, "en razón de su alta investidura, del amplio alcance (que tiene su conferencia) y eventuales efectos que sus expresiones pueden tener".
Frente a este panorama, las CIDH ha emitido recomendaciones al gobierno federal en materia de libertad de expresión como el reconocimiento de las autoridades a la labor periodística y condenar las agresiones contra los comunicadores; la remoción de obstáculos para que la Fiscalía Especializada para la Atención delitos contra la Libertad de Expresión pueda atraer los casos; dotar a esta instancia de recursos; mejorar la relación entre la Federación y estados para que no se entorpezcan las investigaciones; y permitir que las víctimas, sus familias puedan participar en los procesos penales con plenas garantías.
Sin embargo, según la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos ninguna de ellas ha recibido un cumplimiento cabal, pues de las siete que ha dado para evitar la coacción de la libertad de expresión, todas se encuentran en un estatus de “parcialmente cumplida”, lo que significa que, de acuerdo a la propia información del gobierno, se tiene un avance en la materia, pero aún hay acciones pendientes por atender.
Lo mismo ocurre con las recomendaciones para el mejoramiento del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que, de 10, nueve se encuentran en un estado parcial de atención, mientras que una relacionada con la capacitación del personal que integra al mecanismo la clasifica como “pendiente de cumplimiento”, esto porque el gobierno no entregó información que pudiera dar de su avance.
Por lo anterior, la CIDH concluyo que, aunque se muestra una atención a las recomendaciones emitidas por el organismo, el gobierno mexicano debe redoblar esfuerzos para prevenir estas violaciones de derechos humanos que, en algunos casos, termina en la muerte de periodistas y activistas.
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