IRAPUATO. En las personas que están internadas y que trabajan en centros de rehabilitación, conocidos como anexos, la herida aún está abierta, pues no olvidan que hace tres meses ocurrió una de las masacres que más han consternado a los guanajuatenses, el asesinato de 27 personas que buscaban desintoxicarse de las drogas a las que eran adictos.
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“Nada ha cambiado, pareciera que quieren desaparecer a los anexos en vez de trabajar con nosotros”, dijo Nicolás Pérez Ponce, presidente de los Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío (CRUB), quien señaló que las semanas posteriores al ataque en el anexo Buscando el camino a mi recuperación, de la comunidad de Arandas, en Irapuato, en vez de establecer un trabajo conjunto y diseñar una estrategia integral para trabajar en su regularización e integrarlos a las políticas públicas contra las adicciones, “se dedicaron a perseguirnos”.
Pérez Ponce dijo que son más de cinco mil las personas con adicciones que son tratadas en estos centros de rehabilitación “y cerrar estos lugares es echarlos a la calle, dejarlos a expensas de la delincuencia, dejarlos a su suerte, condenarlos a que roben y hasta condenarlos a la muerte”. "Se trabaja con miedo, pero no podemos dejar solas a las personas", finalizó.
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