Por la irresponsabilidad de Morena como grupo mayoritario en la Cámara de Diputados, estamos en evidente falta a un mandato constitucional porque, para esta fecha, ya debía haberse analizado, discutido, modificado y, en su caso, aprobado el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020. El artículo 74, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que esta es una de nuestras facultades exclusivas y debe quedar aprobado a más tardar el día 15 del mes de noviembre del año anterior al nuevo ejercicio fiscal.
Es una vergüenza que la mayoría legislativa esté simulando el cumplimiento de plazos legales al "detener" el reloj legislativo, como si estos fueran diferentes a los días que marca el calendario, pero es aún más grave que justifiquen la parálisis culpando a diversas organizaciones, en específico a las sector agrícola y ganadero, las cuales lo único que han hecho es evidenciar lo injusta que es la propuesta del Ejecutivo Federal.
Es importante reiterar que la asignación presupuestal hecha por parte del Ejecutivo no obedece a un análisis técnico serio, riguroso y con datos duros, en cuanto a las necesidades y demandas de todos los sectores; es más bien un cúmulo de favoritismos y caprichos, una asignación de recursos a modo, dirigidos a ciertos grupos vulnerables de la sociedad, cuyo objetivo simula combatir la pobreza. Lo que se quiere es asegurar, al regalar dinero público, millones de votos para el 2021, fortalecer su apoyo a PEMEX, pero sobre todo ignorar la realidad, entonces digamos que la cobija solo alcanza para lo que diga el presidente, lo cual es un equívoco que he señalado en diversas ocasiones, con análisis detallados sobre el impacto negativo que tendrán, para millones de mexicanas y mexicanos, los recortes en programas para las mujeres, el campo, la educación, la salud, el arte, las ciencias o la tecnología, entre muchos, muchos, muchos otros sectores; por ello es que no se pueden minimizar ni ignorar sus exigencias, demandas justas y necesarias para su crecimiento y desarrollo.
No está de más comentar que los reajustes presupuestales han dejado, hasta fines del tercer trimestre de este año, a poco más de dos millones de personas desempleadas, situación preocupante porque el sector privado no ha tenido la capacidad de generar más empleo.
Más allá de propiciar un diálogo para realizar ajustes, la mayor preocupación de las y los legisladores de Morena y sus aliados es aprobar el presupuesto en los términos que ordenó el presidente, que responden a un proyecto, como ya dijimos, con fines estrictamente clientelares.
Para dejar en claro los términos en los que según Morena debe aprobarse el PEF 2020, el presidente convocó a legisladores federales integrantes de la mal llamada 4ta transformación, a una reunión en Palacio Nacional hace unos días, en la que no solo no se logró el consenso con esos partidos, sino que algunos diputados representantes de sectores y organizaciones le reclamaron el por qué incumplió sus promesas de campaña en la asignación de los recursos; lo cual generó descontento, insultos y la expresión generalizada de que la palabra del presidente perdió valor. De hecho, según algunas crónicas periodísticas, el encuentro con el mandatario terminó de forma abrupta ante dichas protestas. Sin embargo, aunque internamente estén manifestando inconformidades, hasta hoy hemos visto que finalmente se alinearán a los deseos presidenciales y terminarán votando la orden tal cual, aunque estén conscientes del error que ello significa.
La manera que utiliza el primer mandatario para inhibir la participación ciudadana es con la repartición de recursos públicos sin importarle nada más. Y a estas alturas, sí debería considerar lo que sucede a su alrededor, porque a pesar del dinero regalado, hoy, las y los ciudadanos no tenemos las más mínimas condiciones que nos garanticen ni seguridad, ni buena educación, ni mejores mecanismos para combatir la pobreza; es decir, el presidente simula que trabaja para que haya cada vez menos población pobre, cuando los hechos evidencian que lo que quiere es que existan más pobres que a largo plazo dependan del dinero que él les dé y así tener al pueblo rendido a sus pies; vaya paradoja.
Bajo el pretexto del combate a la corrupción -que realmente no se combate-, este gobierno tiene la intención de desaparecer toda esa política pública que durante tanto tiempo ha beneficiado a los habitantes de este país; a pesar de que muchas y muchos lo han apoyado en tantos años como candidato -aunque aún se comporte como tal, cuando ya desde hace casi un año es jefe del Estado Mexicano-, hoy han recibido la espalda y les responde con insultos y calificativos que ni siquiera puede comprobar. No solo no los escucha, sino que le importa poco la manera en que protestan y se manifiestan... más aún, ya pasaron a formar parte de las filas de los “conservadores y neoliberales”, como todos los que no pensamos como él; todos estos grupos tienen la culpa de los problemas sociales existentes que él sigue prometiendo remediar, como si estuviera en campaña, dejando de lado elementos para actuar de manera objetiva.
Lo grave de todo esto es que vivimos una constante violación constitucional, llevamos 11 meses en que la ley es la palabra del presidente, la Constitución es la palabra del presidente, la norma es la palabra del presidente; aunque recientemente se hayan publicado encuestas que presentan una disminución en la aprobación del presidente, este ni las ve ni las oye; estamos frente a señales muy claras de un dictador, autoritario, que raya para ser comunista. De seguir así, se equivocan quienes piensan que las consecuencias serán para los partidos de oposición, que lo pagaremos los enemigos del presidente; lamentablemente el perjuicio será para las mexicanas y los mexicanos.
