/ miércoles 29 de mayo de 2019

ANTIPODAS

Instituciones bajo fuego

Los pueblos felices no tienen sociología, tienen instituciones y leyes.

Moliere

En general los analistas políticos coinciden en que el proceso de transición democrática se inauguró en nuestro país con el movimiento estudiantil de 1968; el reclamo de aquellos años se sintetizó en una exigencia por libertades y democracia.

El régimen presidencial priista, asentado sobre las piedras angulares de partido hegemónico y un Presidente cuasi omnipotente, configuró un conjunto de relaciones políticas serviles y utilitarias, con excesos y desvaríos, que iban desde múltiples “varguitas” (véase la película Ley de Herodes para la referencia) extendidos por todo el país, hasta el tristemente célebre diálogo aquel “-¿Qué horas son Godínez? - Las que usted diga señor Presidente-“que sin duda retratan cual cartón de Naranjo, la realidad política del siglo pasado. La dictadura perfecta mexicana permitía que el conflicto político se resolviera solo a través de la decisión del máximo jerarca, pero sacrificaba la participación política, la libertad de elección, el equilibrio de poderes y forzosamente necesitaba una oposición débil, menguada e incluso inexistente o tan sólo testimonial.

Tuvieron que trascurrir tres décadas para que los cambios políticos, paulatinos pero constantes, dentro del sistema político surtieran efectos para alcanzar la alternancia política. La reforma de Reyes Heroles en 1977 que permitió los diputados de partido y eventualmente la representación proporcional, animó la participación y comenzó a reflejar en uno de los poderes el mosaico de la diversidad política en México, al mismo tiempo que sentó las bases para el fortalecimiento del Poder Legislativo como un contrapeso del Ejecutivo. La siguiente gran reforma tal vez fue la de 1994, que dio paso a la ciudadanización del árbitro electoral; la creación del Instituto Federal Electoral como organizador y garante de las elecciones, como ente autónomo del gobierno, contribuyó a la construcción de confianza y credibilidad, pero tal vez más importante aún, permitió el fortalecimiento institucional del régimen. Las reformas acumuladas abrieron paso a que el PRI perdiera en 1997 la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, por primera vez en su historia y, de igual modo, dio un revés a su hegemonía en el entonces Distrito Federal, que fue ganado por el PRD y Cuauhtémoc Cárdenas, abriendo la brecha para que en el año 2000 se consolidara la alternancia con Vicente Fox y la salida del PRI de Los Pinos tras más de 70 años de dominio.

Pero no fueron esos los únicos cambios, se suscitaron muchos otros que también contribuyeron al fortalecimiento institucional del país, las reformas que dieron paso a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la autonomía del Banco de México, la creación del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, la autonomía del INEGI, la creación de organismos autónomos con el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Federal de Competencia, entre otros, han servido sin duda alguna, como mecanismos de contención del poder presidencial, han acotado y evitado excesos. No podemos dejar de lado las reformas que fortalecieron al Poder Judicial como la creación del Consejo de la Judicatura Federal, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los mecanismos que quitaron de la potestad única del Presidente el nombramiento de los Ministros, dieron pie a una expresión más amplia y plural de la perspectiva de justicia del país, y otorgaron en términos reales a la Corte un papel verdaderamente protagónico y de real garante de libertades y derechos.

Sin embargo, hoy parece que López Obrador está empeñado en volver al pasado, cada paso cada decisión que asume, ya no esconde sus intenciones, que son sus deseos, de volver al pasado glorioso de los presidentes de la dictadura priista, insiste en atentar en contra de la libertad y del equilibrio de poderes, persiste en su intención de debilitar y si puede hasta desaparecer a los organismos autónomos.

Los avances democráticos alcanzados están bajo asecho, la fortaleza de las instituciones está bajo fuego, que si bien con vicios, con errores con un enrome tramo para seguir perfeccionándose, no hay mejor modelo que la maldita democracia, que siempre será preferible a la dictadura, al autoritarismo o al fascismo. Corresponde a los ciudadanos, a la oposición, a los demócratas defender a piedra y lodo la democracia, no dejemos, no permitamos, que las ocurrencias y los excesos de López Obrador, entierren nuestras libertades.

Instituciones bajo fuego

Los pueblos felices no tienen sociología, tienen instituciones y leyes.

Moliere

En general los analistas políticos coinciden en que el proceso de transición democrática se inauguró en nuestro país con el movimiento estudiantil de 1968; el reclamo de aquellos años se sintetizó en una exigencia por libertades y democracia.

El régimen presidencial priista, asentado sobre las piedras angulares de partido hegemónico y un Presidente cuasi omnipotente, configuró un conjunto de relaciones políticas serviles y utilitarias, con excesos y desvaríos, que iban desde múltiples “varguitas” (véase la película Ley de Herodes para la referencia) extendidos por todo el país, hasta el tristemente célebre diálogo aquel “-¿Qué horas son Godínez? - Las que usted diga señor Presidente-“que sin duda retratan cual cartón de Naranjo, la realidad política del siglo pasado. La dictadura perfecta mexicana permitía que el conflicto político se resolviera solo a través de la decisión del máximo jerarca, pero sacrificaba la participación política, la libertad de elección, el equilibrio de poderes y forzosamente necesitaba una oposición débil, menguada e incluso inexistente o tan sólo testimonial.

Tuvieron que trascurrir tres décadas para que los cambios políticos, paulatinos pero constantes, dentro del sistema político surtieran efectos para alcanzar la alternancia política. La reforma de Reyes Heroles en 1977 que permitió los diputados de partido y eventualmente la representación proporcional, animó la participación y comenzó a reflejar en uno de los poderes el mosaico de la diversidad política en México, al mismo tiempo que sentó las bases para el fortalecimiento del Poder Legislativo como un contrapeso del Ejecutivo. La siguiente gran reforma tal vez fue la de 1994, que dio paso a la ciudadanización del árbitro electoral; la creación del Instituto Federal Electoral como organizador y garante de las elecciones, como ente autónomo del gobierno, contribuyó a la construcción de confianza y credibilidad, pero tal vez más importante aún, permitió el fortalecimiento institucional del régimen. Las reformas acumuladas abrieron paso a que el PRI perdiera en 1997 la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, por primera vez en su historia y, de igual modo, dio un revés a su hegemonía en el entonces Distrito Federal, que fue ganado por el PRD y Cuauhtémoc Cárdenas, abriendo la brecha para que en el año 2000 se consolidara la alternancia con Vicente Fox y la salida del PRI de Los Pinos tras más de 70 años de dominio.

Pero no fueron esos los únicos cambios, se suscitaron muchos otros que también contribuyeron al fortalecimiento institucional del país, las reformas que dieron paso a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la autonomía del Banco de México, la creación del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, la autonomía del INEGI, la creación de organismos autónomos con el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Federal de Competencia, entre otros, han servido sin duda alguna, como mecanismos de contención del poder presidencial, han acotado y evitado excesos. No podemos dejar de lado las reformas que fortalecieron al Poder Judicial como la creación del Consejo de la Judicatura Federal, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los mecanismos que quitaron de la potestad única del Presidente el nombramiento de los Ministros, dieron pie a una expresión más amplia y plural de la perspectiva de justicia del país, y otorgaron en términos reales a la Corte un papel verdaderamente protagónico y de real garante de libertades y derechos.

Sin embargo, hoy parece que López Obrador está empeñado en volver al pasado, cada paso cada decisión que asume, ya no esconde sus intenciones, que son sus deseos, de volver al pasado glorioso de los presidentes de la dictadura priista, insiste en atentar en contra de la libertad y del equilibrio de poderes, persiste en su intención de debilitar y si puede hasta desaparecer a los organismos autónomos.

Los avances democráticos alcanzados están bajo asecho, la fortaleza de las instituciones está bajo fuego, que si bien con vicios, con errores con un enrome tramo para seguir perfeccionándose, no hay mejor modelo que la maldita democracia, que siempre será preferible a la dictadura, al autoritarismo o al fascismo. Corresponde a los ciudadanos, a la oposición, a los demócratas defender a piedra y lodo la democracia, no dejemos, no permitamos, que las ocurrencias y los excesos de López Obrador, entierren nuestras libertades.

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