El presidente electo aún no rinde protesta para desempeñar su cargo y en dos casos muy concretos -entre otros más- ya ha dado muestras claras de lo que será su mandato, evidencia contundente de que lo que importa es dejar claro, a las y los ciudadanos, empresarios, opinión pública nacional e internacional, “quién es el que manda”: la “consulta” para decidir la ubicación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM) y las modificaciones propuestas por MORENA a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF).
En el caso del NAIM, de todos es conocida la realización de la tan cuestionada consulta “al pueblo de México” para tomar la decisión de cancelar o no el proyecto en Texcoco y la viabilidad de concretarlo en Santa Lucía, muy criticada por carecer de metodología y por no cumplir con los requisitos que marca la ley para llevar a cabo un ejercicio de estas características, lo que para muchos resultó ser una mofa burda y grosera a la democracia mexicana, pero que para el presidente electo fue la forma de legitimar el mensaje que envió en un video:"Yo no voy a ser florero, no estoy de adorno. Traigo un mandato de los mexicanos. Quieren los mexicanos que se acabe, que se destierre la corrupción y la impunidad".
Inquietantes estas primeras señales que manda el futuro gobierno, el que se dice de la “cuarta transformación”, porque justifica sus decisiones políticas con criterios a modo, poco transparentes, que responden a intereses muy particulares, disfrazados de que todo lo hace por el pueblo bueno, o porque el pueblo sabio es el que decide.
Estamos viendo al gigante autoritario que siempre ha caracterizado la personalidad del ganador de la contienda presidencial y que legitima sus abusos con inteligentes estrategias de manipulación colectiva, sin importar las consecuencias económicas, sociales y políticas que se tengan que asumir -los trastornos de los mercados financieros, la depreciación del peso frente al dólar, las opiniones de los empresarios, el trabajo que perderán miles de personas al desechar definitivamente lo avanzado en Texcoco-, con tal de demostrar quién es el que manda… y no es el “pueblo” precisamente.
Por otro lado, los cambios propuestos para reformar, derogar y adicionar 27 artículos de la LOAPF requieren un análisis serio y profundo. En la Cámara de Diputados hemos llevado a cabo una serie de mesas de trabajo en Comisiones para definir la mejor forma en que la estructura del nuevo gobierno organice su plan de trabajo, sin lograr que los legisladores de Morena comprendan las graves confusiones que hay en esta ley y que no beneficiarán en nada a las y los mexicanos.
En términos generales preocupan tres inconsistencias: la falta de certeza jurídica (hay confusión, por ejemplo, de términos entre Procuraduría General de la República vs Fiscalía General, y entre seguridad nacional, seguridad pública y seguridad interior); la concentración de funciones que inhiban el federalismo, al crear la figura de Delegados Estatales que minaría la autoridad de los gobernadores, y la alteración en el equilibrio administrativo, al proponer prácticamente el desmantelamiento de la Secretaría de Gobernación y trasladar sus funciones a una Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.
La iniciativa, al pretender modificar disposiciones como cambiar algunas denominaciones de las actuales secretarías, modificar sus atribuciones, crear nuevas áreas, o desincorporar las facultades de una secretaría y pasarla a otras, demuestran una serie de ocurrencias que reflejan el desconocimiento pleno de la ley, que ponen en juego la propia gobernabilidad del Estado mexicano y que nos coloca al punto de regresar a una estructura de centralización de funciones que tuvo el entonces Distrito Federal con el “Negro Durazo”. Lo cierto es que hay modelos que ya habíamos dejado en el pasado y no pueden repetirse.
Me explico. La nueva SSPC concentra las atribuciones de la Secretaría de Gobernación en materia de seguridad pública, limita la relación de Segob con el Congreso de la Unión; concentra hasta las tareas de protección civil y de tránsito; y controla acciones que pasarán incluso por encima de la Marina y de la Defensa Nacional.
Mención especial merecen los Delegados Estatales, figuras que dependerán directamente del Ejecutivo Federal y que entre sus facultades estará la decisión de quiénes serán los beneficiarios de los programas sociales. Prácticamente serán supra delegados que, ante la ausencia de requisitos para encontrar perfiles idóneos, caerán en la tentación de fortalecer la estructura electoral de Morena a mediano plazo, porque no existiría proporción entre el ejercicio del poder, la experiencia y las competencias del personal seleccionado.
Como puede observarse, estos rubros son muy complejos, deben abordarse con sumo cuidado y requieren del análisis y la reflexión de todos los grupos parlamentarios. Se dijo que se tomarían en cuenta las opiniones de otros grupos parlamentarios, y sin embargo, hasta el momento el documento original de Morena se mantiene. Acción Nacional no dejará de señalar los peligros de este entuerto legislativo. No podemos permitir que se gobierne a través de ocurrencias autoritarias. Para eso existe el equilibrio de poderes y el poder legislativo, independiente del ejecutivo, establece mecanismos de discusión que todo parece indicar serán imposibles de llevar a cabo. Esto es una antítesis de lo que es un parlamento abierto.
En fin, las expresiones, decisiones a capricho y acciones del presidente electo, en nombre del pueblo y a nombre de Morena, me hacen recordar las viejas prácticas del régimen autoritario, el de las "reglas exclusivas -no escritas- del poder presidencial", aquellas que no conocían límites normativos ni reconocían instituciones, porque lo importante era demostrar quién era el dueño del poder político y el que decidía el futuro del país. Años terribles para la economía familiar de los mexicanos ante la carencia de un Estado de derecho, la simulación y la terrible corrupción de ese tiempo.
Seamos serios
No es suficiente con reconocer las inconsistencias en leyes aprobadas o consultas realizadas, el futuro de país no puede estar supeditado a las ocurrencias del momento. Se tiene una responsabilidad específica. No se puede poner en riesgo el porvenir de los mexicanos. Seamos serios.
Adriana Dávila Fernández
Diputada Federal
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