La reincorporación de Miguel Ángel Caballero Yonca al despacho de la presidencia unicipal de Ixtenco ha reavivado un conflicto social que amerita una pronta solución por parte de los diputados locales.
El pasado fin de semana, la Secretaría de Gobierno (Segob) solicitó a la Mesa Directiva del Congreso del Estado valorar el regreso del edil, quien había sido suspendido 180 días, tras los hechos violentos del pasado 14 de marzo, cuando intentó, con el apoyo de elementos policiacos de municipios vecinos de Tlaxcala y Puebla, desalojar con violencia el Palacio Municipal, que desde mediados de enero permanecía tomado por pobladores inconformes con su gestión.
El titular de la dependencia, Aarón Pérez Carro, pidió que la suspensión pudiera prolongarse 90 días más, para integrar mesas de trabajo entre las partes, a fin de evitar nuevas confrontaciones, ya que, desde la semana anterior, grupos de pobladores se manifestaron en la capital y en la cabecera municipal para rechazar el retorno de Caballero Yonca, señalado por diversas irregularidades en el ejercicio de su función.
El propio Cabildo de Ixtenco tuvo que sesionar de manera extraordinaria y ponerse del lado del pueblo, no por ceder a la presión, sino porque, al igual que la Segob, reconoció que no había condiciones políticas ni sociales para que el arribo del edil suspendido fuera terso.
Lamentablemente, los intereses partidistas se sobreponen nuevamente a los legales, y en esa medida, los diputados han sido reacios a entender que la vía jurídica no es suficiente para atender la problemática de Ixtenco, que realmente demanda una solución con sensibilidad y sentido común.
Los integrantes de las comisiones de Puntos Constitucionales y Asuntos Municipales deben definir alternativas de solución y ser corresponsables en el restablecimiento de las condiciones de gobernabilidad que requiere la comuna.
El Partido Encuentro Social (PES), que tiene injerencia en ambas comisiones, debería asumir los costos de la gestión de Caballero Yonca, en vez de justificarlo y defenderlo por motivos estrictamente políticos.
Si en algún momento tuvo la oportunidad de incidir en la conducta de su alcalde, evidentemente la desaprovechó, tal y como sucede en Calpulalpan, donde las quejas hacia la actuación del alcalde en funciones siguen subiendo de nivel.
El Congreso del Estado no puede evadir más la responsabilidad del caso Ixtenco; dilatarlo, como se ha hecho con la solicitud de revocación de mandato, es sumamente riesgoso, porque hay crispación social y cualquier acto de la autoridad municipal podría ser considerado un acto de provocación.
Por si esto no fuera suficiente, pobladores de Ixtenco han solicitado formalmente al Legislativo estatal la desaparición del actual Ayuntamiento, la creación de un Concejo Municipal que funja de manera temporal, y la emisión de una convocatoria de elecciones extraordinarias, ya que es evidente que ni la síndico ni los regidores, mucho menos Caballero Yonca, representan los intereses de los ciudadanos del municipio.
Es momento de definiciones.
Por donde se mire, el balón está en la cancha de los diputados, y su indefinición puede acarrear consecuencias indeseables.
