Los acontecimientos ocurridos el pasado lunes en Zacatelco exigían decisiones contundentes para recuperar el control del municipio.
Desde el Poder Ejecutivo, se determinó adelantar la implementación del Mando Coordinado para garantizar la protección de la población de aquella demarcación con la intervención directa de las fuerzas estatales y federales. Y en el Congreso del Estado no solamente se presentó la solicitud para iniciar el procedimiento de suspensión o, en su caso, desaparición del Ayuntamiento, sino que también se creó una Comisión Especial para dar trámite a una demanda de juicio político promovida por un ciudadano en contra del alcalde Hildeberto Pérez Álvarez.
Ciertamente, existen antecedentes que advierten la mala conducción del gobierno municipal.
En el ámbito administrativo, por ejemplo, el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) determinó que el gobierno de Hildeberto Pérez incurrió en presuntos daños a la Hacienda Pública o perjuicios al patrimonio municipal, debido a diversas irregularidades en la aplicación del presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2022, razón por la cual la actual legislatura local votó en sentido reprobatorio su cuenta pública.
Las anomalías ascendieron a 10.8 millones de pesos, y corresponden al pago a empresas que no justifican operaciones comerciales, el pago de bienes y/o servicios sin acreditar su recepción y/o aplicación y el pago de gastos improcedentes, entre otros.
Y en el ámbito de la gobernabilidad, en diciembre pasado, el gobierno municipal reprimió una protesta ciudadana pacífica para demandar la instalación de un hospital en Zacatelco. Este hecho, que generó indignación social, permitió captar que personas de origen colombiano se hicieron pasar por policías municipales vestidos de civiles para retirar con violencia a los manifestantes.
Pronto se corrió la voz que tales sujetos, desde el inicio de la actual administración municipal, venían ejerciendo, presuntamente, funciones de elementos adscritos a la Dirección de Seguridad Pública Municipal.
Ante tales sucesos, resultaba necesario que los poderes Ejecutivo y Legislativo decidieran intervenir, en el ámbito de sus funciones y responsabilidades, para garantizar la seguridad de la población de Zacatelco, municipio que, en los últimos meses, se ha señalado como uno de los de mayor incidencia delictiva en la entidad.
De hecho, la estadística oficial muestra que el aumento en la incidencia delictiva, de 2022 a 2023, creció en un 28 %, lo que demuestra que la labor de seguridad a cargo del gobierno municipal ha sido ineficiente para contener y reducir la criminalidad en la zona.
Además, hay reportes que indican que Zacatelco cuenta con tan solo 19 elementos de seguridad, de los 24 que tenían en 2023, pero sin registro alguno o información que acrediten su capacidad de cumplir con la función de su cargo, situación que también advierte un posible desvío de recursos, además de un completo desinterés, por parte del Ayuntamiento en turno, por contar con elementos de seguridad certificados para salvaguardar la seguridad de los habitantes de Zacatelco.
Así, la necesidad de implementar el Mando Coordinado quedó justificada desde el momento en que se estableció que la alta incidencia en la comisión de delitos de alto impacto en el territorio municipal, aunado a la falta de certificación de los elementos policiales pertenecientes a esta institución municipal, hacían indispensable el ingreso de las corporaciones estatales y federales para desplegar estrategias más efectivas y sostenibles de combate a la inseguridad.
Ahora, solo resta esperar si el Congreso del Estado avala la iniciativa para la integración de un Consejo Municipal que concluya el actual periodo de gobierno municipal, ante las cuestionables omisiones del alcalde Hildeberto Pérez, para brindar seguridad y certeza a la población sobre el desempeño de su gobierno.
