En 2016 la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) publicó el estudio “La matriz de la desigualdad social en América Latina”. Básicamente analizó y definió las dimensiones de la desigualdad social, sus características principales, sus mecanismos de reproducción y permanencia en el tiempo.
El estudio partió del supuesto de que, en América Latina como región, se cuenta con elementos compartidos en las desigualdades sociales de los países. Aunque esta tesis es discutible, sobre todo por el comportamiento de las economías nacionales, es cierto que el problema de la desigualdad tiene componentes estructurales que se identifican prácticamente en cualquier contexto latinoamericano.
La CEPAL argumentó que los ejes estructurales de la desigualdad están vinculados —por su propia naturaleza— con condiciones que los individuos no eligen y que, por propia acción individual, resulta imposible modificar. Ahí están el estrato social (por nivel de ingresos); las desigualdades de género, étnico-raciales y las relacionadas con las diferentes etapas del ciclo de vida de las personas y las territoriales. Estos ejes estructurales son determinantes de la complejidad del problema de la desigualdad y de la necesaria intervención del Estado.
El caso de México está en consonancia con el diagnóstico de la CEPAL. Por ello la cuestión social sobre cómo resolver los problemas de la pobreza y la desigualdad son tan relevantes en el debate político desde hace más de 50 años. Sin embargo, las intervenciones públicas a través de programas hasta antes de 2018 optaron por programas focalizados que impidieron que la población con mayores carencias sociales accediera a los beneficios públicos. La elección por el enfoque de la focalización y no de la universalización provocó resultados marginales, por ello el cambio de paradigma en la formulación de programas sociales universales para grupos poblacionales como: adultos mayores, madres trabajadoras y jóvenes, es un acierto indudable tras la elección de 2018.
Sin embargo, los retos actuales para revertir la matriz de la desigualdad en México son importantes. Aunque los avances son indiscutibles, por ejemplo por la incidencia de la política salarial, el crecimiento económico y los programas sociales directos, lograr pasar de 41.9 % de la población en situación de pobreza a 36.3 % por la reducción de 5.1 personas en situación de pobreza. Es cierto que, aún se requiere una arquitectura institucional completa y robusta, un Estado de Bienestar que proteja a las personas de los riesgos sociales a los que estamos expuestos durante el transcurso de la vida. Por ello, destaco la presentación del Eje “Derechos sociales, bienestar y reducción de la desigualdad” realizada ayer por Claudia Sheinbaum, candidata a la presidencia de la república y Violeta Vázquez-Rojas, coordinadora del eje temático en “Diálogos por la Transformación”.
La propuesta central responde a una nueva lógica de los programas sociales, una centrada en su consideración como derechos. El tránsito hacia la idea de que los programas sociales son derechos de las personas es sustantivo, no es un cambio adjetivo, discursivo o cosmético, más bien es un nuevo arreglo institucional que responde al principio de justicia social. De ahí que sea necesario responder con soluciones a los ejes estructurales de la desigualdad identificados por la CEPAL.
Las propuestas previstas, por ejemplo, la pensión para mujeres de 60 a 64 años; la Beca para hijos e hijas de madres trabajadoras; el Sistema Nacional de Cuidados; el fortalecimiento de los programas de transferencias existentes; el incremento anual mayor al nivel de la inflación para los apoyos sociales; el incremento anual al salario mínimo; generar esquemas de seguridad social para trabajadores de plataformas de apps; el aumento de acciones de vivienda; y la Estrategia Nacional para que no haya pobreza extrema; son —en conjunto— una respuesta fortalecida al problema complejo y estructural de la desigualdad.
Es llamativo que, en el concierto de las discusiones políticas del actual proceso electoral, el proyecto de la Dra. Sheinbaum proponga, explique los “cómos” y haga planteamientos de política pública. En el otro extremo, en la oposición, están ocupados en el encono y la diatriba. Mientras los problemas estructurales del país encuentren respuestas institucionales —como las propuestas presentadas ayer en Tuxpan, Veracruz— entonces las probabilidades de éxito en el control y solución de los problemas crecen. Se comparte el interés superior del proyecto político con el razonamiento de que “con la consideración de estos nuevos derechos sociales, estamos fortaleciendo el Estado de Bienestar, la disminución de la pobreza, y distribuyendo la riqueza con el objetivo de que no haya pobreza extrema en el país […] trabajando por el bienestar.”
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