El constitucionalismo moderno teoriza acerca de que los estados democráticos se deben conducir soberanamente, en lo interno y en lo externo.

Si esto fuera así, deberíamos preguntarnos en seguida como es que la voluntad “gringa” se impone planetariamente—exceptuando a China y a la URSS--sin llegar al extremo de la intervención armada. Las guerras son el gran negocio para los fabricantes de armas y vitalizan la economía de los vecinos del norte, pero ya no son a partir de la de Vietnam, determinantes para doblegar a una nación. En esa guerra, los “güeritos” de aquí arribita, regresaron con cajas destempladas y sin una categórica victoria. Por ello establecieron mecanismos de naturaleza económica, disfrazados de opiniones privadas y que emplean desde hace décadas.

Desde siempre lo económico ha sido lo preponderante, pero con el auge del capitalismo mundial resulta crucial, ya que si en una nación se controla esa área ya se sometió al resto del cuerpo social. El capitalismo moderno se ha ocupado de penetrar las economías de aquellas naciones que no pertenecían a su esfera y una vez que eso acontece, llegan para quedarse los corporativos mundiales con todo y sus maniobras subterráneas para impunemente apoderarse de las riquezas nacionales.

Y entonces ya no es con acorazados y cañones, sino con instituciones de crédito internacionales como el banco mundial (BM) y el fondo monetario internacional (FMI) que se somete. Haciendo su aparición unos órganos privados “opinadores”, ingobernables, atípicos, aparentemente técnicos, pero terriblemente destructores de instituciones y empresas si así se lo proponen. Se les conoce como “calificadoras internacionales”. En el mundo hay más de cien, pero tres neoyorkinas de E.E.U.U son las dominantes. Califican los créditos y las acciones de repercusión económica de empresas y gobiernos, pero a ellos no hay quien los califique ni tampoco explican como construyen sus opiniones demoledoras, las que emiten sin solicitud de parte. Pero son tan lesivas y mortales que si afirman que tal empresa o gobierno no podrá pagar los intereses de sus créditos se desmorona su credibilidad, sus acreedores reclaman el pago de lo adeudado y como no podrán hacerlo al momento, hasta irán a la quiebra.

FMI y BM se encargan de endeudar a las naciones y tenerlos prácticamente encadenados y sometidos a partir de su insolvencia para pagar y de esa forma oprimen a los gobiernos nacionales. Si se diera el caso de que alguno no sea su cliente lo obligan a que lo sea. ¿De dónde se imagina usted que salió la inmensa fortuna que derrochó el gobierno de Luis Echeverria durante su mandato? Efectivamente, acertó usted. Con ese gobernante la deuda externa se desbocó como caballo de carreras. Los gobiernos subsiguientes siguieron la misma vía y lo que ahora nos agobia es una deuda impagable de la que vamos salvando los intereses, pero no abonamos a capital. Del presupuesto billonario anual de México, una “tajadota” enorme se dedica a ese pago.

Hace pocos días, una de esas tres calificadoras de E.E.U.U expresó que si la CFE incumple los contratos para que extranjeros construyan gasoductos, firmados en los sexenios anteriores se crearía la incertidumbre, se desalentaría la inversión privada en el sector eléctrico y otros proyectos quedarían en duda, peligrando la capacidad de CFE para valerse de inversión privada para financiar proyectos. Esta advertencia de Fitch Ratings es vil chantaje para presionar a CFE y que dé por buenos los contratos abusivos para construir gasoductos. Abusadores los señores que son, imagine usted, CFE construye con dinero propio y paga la infraestructura, pero los ductos son entregados en propiedad a compañías extranjeras como IEnova, TransCanada, TCEnergy, Fermaca y Carso Energía.

Esos contratos son leoninos, por desproporcionales. Le dan excesiva ventaja a una de las partes en perjuicio de la otra. Son ruinosos y depredadores para CFE. Aquí esta otra vez la mano de la corrupción de los funcionarios firmantes, que ahora ocupan altos cargos en aquellas empresas energéticas.

¡¡¡No y mil veces no!!! Esos contratos deben denunciarse ante los tribunales internacionales para su revisión, medida que es perfectamente legal y no debe extrañarnos que esto así ocurra porque vivimos en un estado de derecho. Estos contratos fueron firmados al amparo de la reforma energética Peñanietista que hoy esta muerta, porque resultó un paquidérmico fracaso y un gran desastre para el país.

¡¡¡No y mil veces no!!!