Clara Torres Armendáriz, responsable del Programa de Estancias Infantiles, renunció al cargo por estar en contra de las medidas adoptadas por el titular del Poder Ejecutivo. ¿En qué consisten esas medidas? En términos generales, el Gobierno Federal y el bloque mayoritario de la Cámara de Diputados decidieron quitar recursos (alrededor de 2 mil millones de pesos, que representan casi el 50 %) al programa mencionado. Han protestado en distintos estados, tanto directoras y asistentes como madres y padres trabajadores, porque ya no tendrán dónde dejar a sus pequeños mientras van a trabajar.
No me voy a detener en los argumentos de la 4T y la obsesiva declaración de “limpiar escaleras”; el asunto es que el Estado evade su obligación de velar por el bienestar, salud, educación y seguridad de los menores y decide regalar el dinero público. Es triste, pero en la interpretación a conveniencia de la norma, el gobierno ha decidido aplicar el pragmatismo purificador y de manera simplista, continuar con la conformación de estructuras clientelares, aunque este acto de autoridad sea violatorio de los derechos humanos de los infantes, de las madres y los padres trabajadores que buscan labrar su porvenir posible, y de las mujeres que realizan una labor profesional y digna.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4to. señala: “… En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez... Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.... El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez…”.
Obligación de toda autoridad legalmente constituida es cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes que de ella emanen, así como tratados y convenciones internacionales de los que México es parte. La omisión en el cumplimiento de responsabilidades puede constituir una conducta violatoria de derechos humanos y sociales.
Pero el Gobierno de México, en su comunicado 126, nos indica que “Las Estancias Infantiles seguirán operando bajo nuevos estándares de máximo cuidado y bienestar para niñas y niños mexicanos”. En honor a la verdad son palabras que, sin acciones concretas y reglas de operación claras, quedarán como propósito declarativo para capacitar en materias de salud, educación y seguridad de los menores hasta a los abuelitos, y entregar 1,600 pesos bimestrales por cada infante. Solo falta que, como en el caso de la enseñanza de la lengua inglesa en las escuelas de educación básica, la Secretaría de Bienestar nos informe que para lograr los estándares de máximo cuidado y bienestar, no sea necesario contar con el conocimiento respectivo.
¿Y qué decir de la entrega de los recursos públicos? Sin duda alguna, la entrega de dinero fortalecerá el lucro político electoral. No tengo elementos para valorar si los pesos que entregará el gobierno a madres y/o padres trabajadores cumplirán con el cometido (atención a los menores mientras se trabaja, estudia o se busca empleo); lo que sí se puede afirmar es que muchas mujeres capacitadas perderán su empleo, además de que en caso de dejar a los menores con los abuelos, eso no significa que a ellos se les entregará el recurso. Es indudable que se presentarán nuevas formas de corrupción, por el riesgo de perder la entrada bimestral de un "dinerito".
Adicionalmente, si se opta por dejar a los niños con los abuelos, el Estado declina su responsabilidad y los menores pierden el espacio de educación inicial, de socialización e interacción con otros niños, así como acceso a la necesaria estimulación temprana.
Otro replanteamiento de este programa es "para dejar atrás el paternalismo y transitar hacia el reconocimiento de personas que toman sus propias decisiones en total libertad". ¿Se pretende dejar de lado el paternalismo con la entrega de subsidio público directo? De la señalada corrupción de cuello blanco se pasará a la corrupción de las clase media y baja trabajadoras, mismas que conformarán la estructura electoral.
Menciona también el comunicado que en 2018, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) emitió una serie de observaciones en 4 rubros: afiliación, capacitación a responsables de estancias, otorgamiento de subsidios y reglas de operación; irregularidades que se detectaron en el cumplimiento de criterios y requisitos en 2017. En 319 estancias, de 9,399, es decir alrededor del 3% no se acreditó la admisión, ni tampoco convenios de concertación en 659 casos (7%). Además, se destaca que no se priorizaron localidades con desventajas geográficas, económicas y sociales, y que 195 mil 179 usuarios no acreditaron el cumplimiento de requisitos para recibir el subsidio.
Me parece que la información es insuficiente para concluir que el programa tiene severas deficiencias. Ante las evidencias que señala el gobierno de los casos que inflaron padrones de infantes, se deben abrir las carpetas de investigación, porque son recursos públicos y debe ser transparente el uso y destino de los mismos. Deben aplicarse correctivos sin afectar a los beneficiarios del programa.
El propósito presidencial es claro, desaparecer y desacreditar todo lo que no ha sido definido por él. Si su preocupación es, como dice, establecer estándares de cuidado y bienestar para niñas y niños, ¿por qué no se dejó la operación de las estancias infantiles como estaba, en tanto arrancaba un sistema diseñado a su gusto? ¿Cuánto tiempo podrán esperar las madres y los padres que necesitan de este servicio para dejar a sus hijos en espacios seguros? Y sobre todo, ¿en cuánto tiempo esos pequeños podrán recibir el servicio de las estancias infantiles? Derivado de la "corrupción encontrada en este programa" , entonces el Ejecutivo ha decidido no dar más dinero a las "organizaciones sociales, de la sociedad civil, de estudios de investigación, de derechos humanos y de seguridad".
El trabajo de las organizaciones civiles no es una graciosa concesión del gobierno mexicano, más bien es una respuesta a las demandas de los ciudadanos. Sin embargo, hay gente que se aprovechó y vio en esta noble labor, su modus vivendi. Si tuviéramos un sistema nacional anticorrupción y de transparencia funcional, estos casos podrían ser detectados y sancionados con instrumentos jurídicos idóneos, pero sobre todo, con la voluntad política para aplicar la ley y erradicar el delito. Es cierto, en distintos espacios y foros he manifestado mi desacuerdo en que algunas organizaciones reciban recursos, por el mal uso, abuso o corrupción en que caen, pero de ahí a que desaparezcan porque el “salvador de la Patria” lo dice, es un exceso. Baste recordar, a manera de ejemplo, cómo el otrora presidente de Morena, hoy titular del Poder Ejecutivo, recibió recursos públicos destinados a fines electorales, los cuales entregó de mano propia a damnificados de los sismos del 19 de septiembre de 2017. Con ello, aunque se quiera negar, amplió su clientela electoral. El INE detectó la irregularidad y la sancionó; el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación consideró que no había delito en esa orientación de recursos públicos carentes de propósito electoral. El Presidente López ante un hecho de esta naturaleza, tendría que señalar el carácter inmoral del uso de recursos públicos para beneficio partidista y reconocería que fue indebido.
En fin, quizás una explicación del por qué se quiere desaparecer la forma en que opera este programa es porque el Presidente conoce cómo se utiliza el recurso con fin electoral de lucro y se niega a fortalecer a las instituciones emanadas de la sociedad civil. La situación es preocupante; se hace evidente la debilidad institucional ante el dicho de una sola persona que, lo mismo cancela obras que generan empleos, realiza consultas a modo ante decisiones tomadas, y se muestra insensible ante la legítima demanda de madres trabajadoras, con imposiciones, sin argumentos suficientes. Lo cierto es que con estas decisiones, una vez más, propicia el encono entre aquellos, que son los buenos, y nosotros, que somos los malos.
SEAMOS SERIOS
En el ejercicio público no basta la voluntad ni el aplauso incondicional al servicio del Presidente para atender responsabilidades; un aplauso que se presta a la simulación y deja ver el servilismo que aprovecha las circunstancias de algunos altos funcionarios públicos. En lugar de "clase dorada", ahora será una "clase privilegiada" la que, sin cumplir con requisitos, sea impuesta y defendida a toda costa para ejercer cualquier cargo. De nada sirve la preparación ni la cultura del esfuerzo en la 4T.
Dejemos de lado el escándalo y señalemos la sensatez de los hechos, pues es evidente que al primer mandatario solo le importa conformar un círculo de "sometimiento y lealtades" antes que privilegiar conocimiento, experiencia y capacidad técnica para desempeñar cargos con eficiencia y generar política pública y no populismo clientelar.
Ahí tenemos el caso de las ternas para la SCJN, las cuales a todas luces representan conflicto de interés que tanto critica, o las recientes propuestas para sustituir a comisionados en la Comisión Reguladora de Energía, con nulo conocimiento técnico y con el descrédito que ha hecho del presidente de dicha Comisión.
*Diputada federal
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