El Congreso del Estado ha dado un paso trascendental en la protección de los derechos de las niñas y los niños en Tlaxcala. Aprobó reformas al Código Penal del Estado de Tlaxcala para castigar, con dos y hasta ocho años de prisión, a las personas que por cualquier medio procure, propicie, posibilite, gestione promueva, induzca o facilite, que un menor de edad realice actos de mendicidad. Además de cárcel, esa misma persona se hará acreedora a una multa de entre 144 y 576 días de salario mínimo.
El dictamen aprobado subraya que la mendicidad forzada, en el contexto de la trata de personas, implica un acto vil que va más allá de la simple búsqueda de recursos económicos, pues “se trata de una conducta que denigra a las víctimas, ya que se les coacciona a realizar actos humillantes con el propósito de generar compasión y, de esta manera, aprovecharse de la buena voluntad de terceros; este método perverso busca crear en el espectador un sentimiento de lástima hacia quienes son explotados, generando así mayores ganancias para los perpetradores”.
Lo aprobado por la Cámara de Diputados es muestra de la preocupación que existe en las y los legisladores locales sobre el tema. No existen datos oficiales sobre la mendicidad de menores, pero es un hecho de que ésta existe y es preocupante, por eso mismo era trascendente implementar reformas legales sobre esta problemática.
Así se hizo y solo falta la publicación de este dictamen en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado para implementarlas. El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) seguramente estará atento a que la reforma al Código Penal se cumpla.
Y claro que hay preocupación sobre el tema, sobre todo porque en la actualidad hay niñas, niños y adolescentes que se encuentran viviendo en condiciones difíciles, ya que se ha vuelto cotidiano observarlos en los semáforos, calles o cruces de avenidas haciendo malabares, limpiando parabrisas, vendiendo dulces o cualquier otro producto, lo cual resulta peligroso por el tráfico vehicular, poniendo en riesgo su vida al caminar entre unidades automotoras para ganar dinero.
Si bien es necesario reconocer que lo hacen por necesidad económica, también hay que subrayar que personas adultas los maridan, ya que en algunos casos los padres no trabajan y los utilizan como medio para subsistir, mientras que en otros los menores son acompañados por personas adultas, quienes a la vez se hacen acompañar de infantes, incluso lactantes para tocar las fibras sensibles del peatón y así poder obtener un beneficio económico, pidiendo alguna dádiva o limosna, sufriendo los infantes durante varias horas del día las inclemencias del tiempo.
En ese sentido, tenemos la obligación de hacer respetar y garantizar los derechos humanos de nuestras niñas, niños y adolescentes, toda vez que debe de ser garantía el que crezcan en el seno de una familia, en un ambiente de amor y comprensión para un pleno y armonioso desarrollo de su personalidad.
Vale hacer mención la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil 2019, a nivel nacional, señala que 28.5 millones de niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años que residían en México, 2.2 millones trabajaron.
Eso no lo podemos permitir, de ninguna manera. Por ello, el trabajo realizado por la actual Legislatura debe ser reconocido. Una vez más, a todas las fracciones parlamentarias y representaciones partidistas, un reconocimiento por ir más allá de los intereses particulares que, en un año electoral como este, son legítimos. Pero que mejor ver más allá, por el interés de nuestros infantes.
*Diputado local por Morena
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